En un golpe a la transparencia en la gestión de contratos, un juez ha ordenado a la entidad estatal de Transportes que proporcione los correos electrónicos de dos altos funcionarios acusados de estar involucrados en la gestión de contratos. Esta medida busca esclarecer posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y contratos públicos. Los correos electrónicos en cuestión pueden contener evidencia crucial para determinar si hubo conductas indebidas por parte de los funcionarios acusados. La orden del juez supone un avance significativo en la investigación y puede llevar a nuevas revelaciones sobre la gestión de contratos en la entidad estatal de Transportes.
Juez ordena a Transportes que proporcione correos electrónicos de dos altos funcionarios acusados de tráfico de influencias
En el marco de la investigación del caso Koldo, un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado al Ministerio de Transportes que facilite a la Guardia Civil copia del contenido de todas las carpetas de correo electrónico corporativo de dos altos funcionarios acusados de tráfico de influencias.
Se trata del subsecretario del departamento, Jesús Manuel Gómez García, y del que fuera director general de Organización e Inspección del Ministerio, Javier Sánchez Fuentefría, actualmente director general en Hacienda.
El auto del juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, ordena a los agentes que se desplacen a la sede del Ministerio situada en el Paseo de la Castellana y recopilen todos los mensajes intercambiados entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de ese mismo año.
Indicios de participación en la gestión de contratos
Según el auto, tanto Gómez como Sánchez habrían participado en la gestión de los contratos investigados junto con el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, y el director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda.
Los agentes de la Guardia Civil destacan el papel clave de Sánchez Fuentefría en que la contratación de Soluciones de Gestión, la empresa que la presunta trama utilizaría para conseguir los contratos que ahora se investigan, fuese transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF.
Respecto a los contratos con ADIF, los agentes señalan que Miranda asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por la entidad y la contratación pudiera llevarse a término.
Vinculación directa con el exministro de Transportes
El Instituto Armado destaca la vinculación directa del subsecretario de Transportes José Manuel Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
Sostiene que la Subsecretaría del Ministerio, en manos de Gómez, asumió un rol clave en que la decisión de adjudicar a Soluciones de Gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación.
Los agentes hacen hincapié en que Gómez declaró a los investigadores no haber participado en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y Adif, una afirmación que la UCO considera que está alejada de la realidad después de analizar los correos electrónicos.
Investigación del caso Koldo
Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
El juez investiga a Koldo García y otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
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