En un giro inesperado en el caso que enfrenta a la industria automotriz, un juzgado ha aceptado una nueva acusación presentada por la Asociación de Consumidores Unidos contra las marcas Mitsubishi, Ford y BMW. La acusación se centra en los posibles vínculos de estas empresas con un consorcio automotriz, lo que ha generado un gran revuelo en el sector. Esta decisión judicial abre una nueva puerta para que se investiguen las prácticas comerciales de estas compañías, lo que podría tener serias consecuencias para la industria en su conjunto. A continuación, se analizarán las implicaciones de esta decisión y se explorarán las posibles consecuencias para los consumidores y la competencia en el mercado.
Acusan a Mitsubishi, Ford y BMW de prácticas anticompetitivas y dañan a millones de usuarios
Un juzgado mercantil de Valencia ha admitido a trámite una nueva demanda colectiva interpuesta por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Mitsubishi, Ford y BMW, acusados de prácticas anticompetitivas que afectaron a 4 millones de usuarios finales entre 2006 y 2013.
Esta acción colectiva es la sexta que lleva a cabo la OCU contra un total de 21 fabricantes de automóviles que habrían participado en el cártel de automóviles, entre los que se incluyen Kia, Mazda, Seat, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Hyundai, Chevrolet, Nissan, Mercedes, Toyota, Lexus, Honda y Volvo, todas ellas participantes del cártel sancionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2015.
La OCU, en calidad de asociación de consumidores representativa, pretende resarcir a los propietarios que pagaron un sobreprecio en la compra de sus coches debido al pacto colusorio realizado por estas marcas. Según su peritaje, la OCU reclama de media el 10,61 % del precio de compra, un importe al que se han de añadir los intereses de demora desde la adquisición del vehículo, lo que equivaldría a una indemnización total de entre un 14 % y un 17,5 % en función de la fecha de la transacción.
En 2015, la CNMC comunicó que había sancionado con un total de 171 millones de euros a 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles en España y a dos consultoras por prácticas restrictivas de la competencia. El organismo consideró probada una infracción única y continuada consistente en el intercambio sistemático de información confidencial comercialmente sensible, tanto actual como futura y altamente desagregada, que cubría la práctica totalidad de las actividades realizadas por las sancionadas mediante su red de distribución y posventa.
No obstante, la CNMC eximió del pago de la sanción correspondiente tanto a Seat como a Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica, pertenecientes al grupo, como solicitantes de clemencia al aportar pruebas que posibilitaron la detección y acreditación del cártel.
La OCU seguirá luchando por los derechos de los consumidores, buscando justicia y compensación para aquellos que resultaron afectados por estas prácticas anticompetitivas.
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