En un esfuerzo por garantizar la igualdad de oportunidades y proteger los derechos humanos, se lanza un innovador programa destinado a mejorar la vida de las personas sordas recluidas en prisiones. La iniciativa busca garantizar que estos individuos no sean discriminados y tengan acceso a la información y los servicios que necesitan. En un entorno donde la comunicación es clave, las personas sordas a menudo se enfrentan a barreras significativas para hacer valer sus derechos. Sin embargo, con este programa, se busca cambiar esta realidad y asegurar que tengan derecho a escuchar y ser escuchados. A continuación, se presentará una visión detallada de esta iniciativa pionera y su impacto en la vida de las personas sordas en prisiones.
Programa para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas sordas en prisión
En España, según cifras de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hay alrededor de 200 personas sordas o con discapacidad auditiva en las cárceles y centros de inserción social, donde se cumplen las penas en régimen abierto.
Para atender a estas personas, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) cuenta con el programa Personas Sordas Reclusas en Igualdad de Derechos, que nació en 2018 dentro del Protocolo de Actuación Para Personas con Discapacidad en el Medio Penitenciario creado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
El objetivo de este protocolo es garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a todas las prestaciones y servicios que garanticen su participación en igualdad de condiciones que el resto de la población reclusa. El programa se financia con la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.
Servicios de interpretación y mediación comunicativa
El programa incluye servicios de interpretación en lengua de signos y de mediación comunicativa, además de acceso al servicio de interpretación SVIsual, que permite la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas y oyentes a través de un videointérprete.
SVIsual es un servicio de videointerpretación que permite comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas y oyentes a través de un videointérprete. De este modo, una persona sorda reclusa no tendrá la necesidad de pedir a otro compañero que realice una llamada en su nombre porque podrá hacerla ella misma, explica Tiziri de Valcárcel, responsable del programa.
Material informativo y cursos de lengua de signos
En colaboración con Plena Inclusión, el programa también incluye material informativo de fácil comprensión basado en pictogramas, que se distribuye en los centros penitenciarios para que las personas sordas reclusas conozcan las normas del centro donde cumplen condena y para que los profesionales que trabajan en estos lugares se familiaricen con la realidad comunicativa de este colectivo.
Además, se han impartido cursos de lengua de signos para los funcionarios de los centros penitenciarios.
Igualdad de oportunidades
Partimos de la premisa de que en la sociedad que vivimos la información que recibimos llega mayoritariamente mediante mensajes sonoros. Una persona sorda, aún sin estar interna en un centro penitenciario, se enfrenta a numerosas barreras en el acceso a la información y a la comunicación, apunta Tiziri.
De ahí que a través de este programa pretendamos dotar a este colectivo de las herramientas y recursos que les permitan comunicarse, informarse y participar en igualdad de condiciones durante su estancia en un centro penitenciario o de inserción social.
Para Tiziri, la principal dificultad está en la posibilidad de comunicarse con el entorno. Por eso el programa contempla todas las instancias de los centros penitenciarios, desde las reuniones con los profesionales en el momento del ingreso, todo lo relativo al funcionamiento y las normas del centro penitenciario, hasta el día a día en el centro, pasando por sus derechos y deberes.
Para garantizar la igualdad de oportunidades, hay que dotar a los centros de las herramientas necesarias para que la persona sorda pueda acceder a la información y la comunicación desde el momento de su ingreso.
Este programa contribuye a eliminar buena parte de las barreras de comunicación y acceso a la información de las personas sordas reclusas, defiende Tiziri. Su derecho a comunicarse, a informarse, a entender y ser entendidos, a relacionarse, a contar con adaptaciones en celdas, en salas de visita o en salas comunes, a disponer de ayudas técnicas como despertadores luminosos o con vibración… En definitiva, contribuir a que gocen de la misma autonomía y las mismas oportunidades que el resto, concluye Tiziri.
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