Viviendas que no cumplen con estándares de eficiencia energética no podrán ser vendidas o alquiladas a partir de 2030 en España

Viviendas que no cumplen con estándares de eficiencia energética no podrán ser vendidas o alquiladas a partir de 2030 en España

En un esfuerzo por reducir la huella de carbono y cumplir con los objetivos de sostenibilidad establecidos en la lucha contra el cambio climático, el gobierno español ha anunciado una medida innovadora y ambiciosa. A partir de 2030, las viviendas que no cumplan con los estándares de eficiencia energética no podrán ser vendidas o alquiladas en el país. Esta normativa busca fomentar la construcción y reforma de inmuebles que sean más eficientes energéticamente, reducir el consumo de energía y minimizar el impacto ambiental. La medida supone un gran paso hacia la transición energética y la protección del medio ambiente en España.

Nuevas regulaciones energéticas: viviendas ineficientes no podrán ser vendidas o alquiladas a partir de 2030 en España

La escasa oferta y los altos precios de las viviendas han sido una constante en España, llevando a que parte de la población no pueda permitirse un hogar, sea en propiedad o de alquiler. Según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, la venta de viviendas sufrió un cambio de tendencia en 2023, con una caída del 15,6% en diciembre de 2023 con respecto al mismo mes de 2022.

Ahora, esta situación se podría ver agravada con la entrada en vigor de las medidas de eficiencia energética impuestas por Europa. Al cierre del 2023, el número de viviendas en España se situó cerca de las 27 millones, un 3,2% más que en 2022 y la continuación de una tendencia al alza que se alarga en 23 años.

De esta cifra, según el INE, más de 19,3 millones fueron considerados hogares, con este número también esperando un incremento en los próximos años. Sin embargo, se va a tener que hacer frente a una nueva situación a partir del 2030, cuando, según establece la regulación europea, las viviendas que se quieran vender o alquilar deberán obtener, como mínimo, una calificación de 'E' en lo que a eficiencia energética se refiere.

La regulación europea: un gran problema para la vivienda española

Desde el año 2013, para poder vender o alquilar un piso o una casa, las viviendas necesitan de manera obligatoria contar con un certificado de eficiencia energética, documento que se deberá compartir con los posibles arrendatarios o compradores y que, en caso de no tenerlo, podría acarrear sanciones.

El sistema es sencillo, con una nota que, en función de distintos aspectos como el consumo de energía o las emisiones de CO2, valorará la huella energética del inmueble de la A a la G, siendo la A la mejor calificación y la G la peor. En el caso de la nueva regulación europea, la mínima calificación necesaria para vender o alquilar será una E.

Este es un gran problema, ya que, según Andimac, la Asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, el 83% de las viviendas no llegan a ese nivel, es decir, ocho de cada diez no cumplen con esos requisitos mínimos que se establecen desde Bruselas, sino que su calificación es de F o G, las dos peores.

Además, teniendo en cuenta que tres años después el mínimo ascenderá a D, estamos ante una situación complicada. Las dificultades en lo que a oferta de vivienda se refiere van a continuar de la misma manera que ahora, con la mayoría de viviendas teniendo que acometer reformas en el caso de que se quieran poner en el mercado.

Un futuro incierto para la vivienda española

Según estima el INE, el número total de hogares crecerá en los próximos 15 años en algo menos de cuatro millones, con los hogares unipersonales teniendo el mayor incremento (41,9%). Por lo que habrá que ver cómo evoluciona el mercado de la vivienda si se quiere aumentar la oferta y disminuir el precio en los próximos años, algo que piden gran cantidad de ciudadanos españoles.

Esta normativa europea parece una nueva piedra en el camino que muchos deberán superar. La vivienda se convierte en la segunda mayor preocupación de los españoles, según el CIS. El futuro de la vivienda española se presenta incierto, con la entrada en vigor de esta regulación europea que puede afectar significativamente la oferta de viviendas en el país.