Comunidades españolas estarán a punto de acoger a unos 400 menores migrantes, pero el Partido Popular pide un plan con financiamiento para nuevas reub

Comunidades españolas estarán a punto de acoger a unos 400 menores migrantes, pero el Partido Popular pide un plan con financiamiento para nuevas reubicaciones

En un esfuerzo humanitario sin precedentes, las comunidades españolas se preparan para acoger a unos 400 menores migrantes en los próximos días. Sin embargo, el Partido Popular ha manifestado su preocupación sobre la capacidad del país para absorber a esta nueva oleada de menores no acompañados, y ha pedido al gobierno que presente un plan de financiamiento para garantizar la reubicación de estos jóvenes en condiciones dignas. Esta solicitud ha generado un debate político sobre la gestión de la inmigración en España y la responsabilidad del Estado en la protección de los menores migrantes.

El PP pide un plan con financiamiento para reubicar a menores migrantes

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han dado luz verde al traslado de casi 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península, pero no se han mostrado partidarias de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería negociada entre el Gobierno y el archipiélago para hacer obligatoria la reubicación de los niños extranjeros cuando un territorio de llegadas esté sobrepasado.

Comunidades españolas aprueban traslado de menores migrantes, pero el PP exige más

Los consejeros del PP han afeado al Ejecutivo que les haya enviado el borrador de la iniciativa apenas un día antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y han exigido más recursos y financiamiento para la acogida. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado que las comunidades del PP acogerán a 400 menores inmigrantes, pero exige recursos directos para el futuro.

Gobierno y comunidades barajan trasladar a otros menores migrantes

El Gobierno y las comunidades autónomas están barajando la posibilidad de trasladar a otros 400 menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta. Esta medida forma parte del mecanismo de contingencias migratorias mediante el cual se distribuye una partida anual para que los territorios acojan a los menores según una serie de indicadores, como la tasa de paro de la comunidad, su dispersión poblacional, la renta per cápita, o el esfuerzo de los últimos meses en la atención a niños y adolescentes no acompañados.

Reubicación de menores migrantes: el PP exige planificación y financiamiento, no reforma legal

Para el PP, la medida no tiene sentido si no va acompañada de una batería de recursos —materiales, económicos y humanos— para asegurar la acogida adecuada de esos menores migrantes. El partido popular considera que para abordar la crisis migratoria no tiene por qué ser necesaria una reforma legal, sino planificación y coordinación del Gobierno con los territorios, aparte de un fondo de contingencia y alojamientos y medios para poder acoger a los menores.

El PP considera que el Estado debe ser el encargado de habilitar las instalaciones y gestionar la acogida de los menores cuando las comunidades estén desbordadas. Además, exigen que el Ejecutivo pida ayuda a la UE para hacer frente a la situación, tal y como llevan reclamando desde la semana pasada, por la condición de España de frontera de Europa.

La reforma del artículo 35

El borrador de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería incide en el desigual impacto territorial al que se enfrenta el país en cuestión migratoria, siendo Canarias, Ceuta y Melilla los receptores con mayor intensidad de las personas migrantes. La iniciativa pactada entre el Gobierno central y Canarias establece un mecanismo vinculante y obligatorio para las comunidades autónomas, que tendrán que hacerse cargo de los menores extranjeros cuando Canarias, Ceuta o Melilla sufran una sobreocupación que supere el 150% del número de plazas disponibles en el sistema de protección.

La norma establece también un periodo transitorio para el caso de los menores migrantes solos que a la entrada en vigor de la ley ya estén en cualquiera de esos tres territorios y formen parte de la sobreocupación en el sistema de protección. Así, concreta que, una vez identificados, deberán ser trasladados en el plazo máximo de un año.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en que el mecanismo voluntario no está siendo efectivo, lo que demuestra la necesidad de impulsar una reforma que garantice una acogida 'vinculante' en todo el país.