En un fallo histórico, un tribunal ha condenado a tres años de prisión a una funcionaria pública por acceso no autorizado a información médica confidencial. La funcionaria, que trabajaba en una institución de salud, utilizó sus credenciales para acceder a la información médica de la pareja de su ex-cónyuge. Esta acción violó la privacidad de la víctima y puso en riesgo la confidencialidad de la información médica. El tribunal consideró que la funcionaria había abandonado su deber de confidencialidad y había violado la normativa de protección de datos, lo que la llevó a recibir una condena de prisión. Esta sentencia senta un precedente importante en la protección de la privacidad y la información médica.
Condena a tres años de cárcel a funcionaria pública por acceso no autorizado a datos médicos de la pareja de su excónyuge
El Tribunal Supremo ha condenado a tres años de cárcel a una auxiliar administrativa contratada de manera eventual por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que aprovechó su posición para consultar datos médicos confidenciales de la pareja de su exmarido. La procesada se hizo pasar por la pareja de su ex para conocer que estaba embarazada y de cuánto.
La sentencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por la condenada, que también recurrió con el mismo resultado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el fallo condenatorio de la Audiencia de Granada.
Los hechos sucedieron en el verano de 2015 cuando la procesada fue contratada temporalmente para cubrir unas vacaciones como auxiliar administrativo en un centro dependiente del SAS. Como administrativo del SAS, tenía entre sus funciones asignar o anular citas médicas a los usuarios en un ordenador con la base de datos Diraya, para lo que tenía las claves y contraseñas del trabajador al que sustituía.
La condenada aprovechó sus competencias para acceder a los datos médicos y de salud de la pareja del que fue su marido, con quien mantenía una relación tormentosa. En dos días diferentes del mes de agosto, la condenada revisó hasta en nueve ocasiones datos de la nueva pareja de su ex, lo que le permitió saber que había tenido dos citas en una consulta especialista de obstetricia.
Se hizo entonces pasar por ella para llamar a su centro de salud y saber si estaba o no embarazada, logrando así saber la semana de gestación y la historia clínica de la pareja de su ex.
La condena ahora confirmada impone además a la procesada el pago de una multa de 3.400 euros.
La sentencia del Tribunal Supremo condena a la funcionaria pública como autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos por funcionario público por los cargos impuestos.
Este caso es un ejemplo de la importancia de proteger la privacidad y la confidencialidad de los datos médicos, y de la gravedad de la violación de la intimidad de las personas.
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