La justicia ha dictado sentencia en el caso que involucra a cuatro mossos que fueron condenados a hasta siete años de prisión por agredir y detener ilegalmente a un joven durante el toque de queda en Barcelona. Este veredicto marca un precedente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la conducta policial. La actuación de las fuerzas del orden debe regirse por los principios de legalidad y respeto a los derechos fundamentales, por lo que la sociedad demanda una respuesta contundente ante cualquier abuso de autoridad. La sentencia refleja la importancia de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones encargadas de velar por la seguridad y el orden público.
Condenan a mossos por agredir y detener ilegalmente a joven en Barcelona
La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 7 años de prisión a cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de abofetear y tirar al suelo a un joven en 2020, que acabó con los dientes rotos y detenido, y sobre el que falsearon un atestado para inculparle.
Sentencia de hasta 7 años de prisión para mossos por falsedad y lesiones
En su sentencia, la sección séptima ha condenado a dos de los cuatro agentes a siete años de cárcel por delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal, falsedad en documento oficial y denuncia falsa, así como a una multa de 2.166 euros, e inhabilitaciones que suman cerca de 12 años.
Mossos condenados por detención ilegal y agresión durante el confinamiento en Barcelona
La Fiscalía acusaba a los mossos de haber agredido y detenido ilegalmente en Barcelona a un hombre en noviembre de 2020, que estaba saltándose, junto a un grupo de personas, las restricciones por la pandemia de coronavirus. La sentencia obliga a indemnizar a la víctima con más de 14.000 euros, a los que deberá sumarse el coste de los gastos odontológicos del perjudicado.
Además, la sentencia reconoce que los agentes hicieron un uso excesivo, innecesario y desproporcionado de la fuerza, y subraya que el joven no podía esperar de los mossos una reacción como la que finalmente se produjo.
Por último, la letrada de Irídia, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos que ejerce la acusación popular, Laura Medina, ha afirmado que el vídeo grabado por una vecina desde un balcón ha sido fundamental para la condena de los agentes.
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