El blindaje de convenios autonómicos podría beneficiar a los trabajadores, pero surge incertidumbre jurídica y augura conflictos laborales

El blindaje de convenios autonómicos podría beneficiar a los trabajadores, pero surge incertidumbre jurídica y augura conflictos laborales

En un giro inesperado, el gobierno ha decidido blindar los convenios autonómicos, lo que podría traer beneficios a los trabajadores de todo el país. Sin embargo, esta medida ha generado incertidumbre jurídica y ha despertado preocupaciones sobre posibles conflictos laborales en el futuro. Aunque la intención detrás de esta decisión es proteger los derechos de los trabajadores, la falta de claridad en cuanto a su implementación y alcance ha generado dudas y críticas por parte de expertos y sindicatos. En este sentido, es fundamental analizar las implicaciones de esta medida y evaluar sus posibles consecuencias en el mundo laboral.

El blindaje de convenios autonómicos: ¿beneficios para los trabajadores o incertidumbre jurídica?

Desde el pasado martes, los convenios colectivos autonómicos están blindados frente a los estatales, según un decreto del Gobierno, que acordó con el PNV dar prioridad a estos acuerdos frente a los de alcance nacional para investir a Sánchez. Este cambio técnico en la normativa laboral ha pasado algo desapercibido, pero tiene potencial para definir las condiciones de trabajo de casi 12 millones de trabajadores.

Un cambio técnico que genera dudas y augura conflictos laborales. En principio, el cambio debería ser beneficioso para los trabajadores. La redacción del decreto deja claro que solo se dará prioridad a la normativa autonómica cuando mejore la estatal. Sin embargo, la norma genera dudas entre juristas y sindicatos, que ven problemas claros de interpretación y auguran más conflictividad laboral.

No supone un cambio de condiciones de ayer a hoy, sostiene Ana de la Puebla, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). No es una alteración drástica del sistema vigente hasta el momento, agrega, por su parte, José Manuel Mateo, socio de Laboral en Garrigues.

Otro elemento que hace pensar que los beneficios serán limitados es que el Ministerio de Trabajo ha dejado fuera del blindaje de los convenios autonómicos ciertas materias. Los acuerdos de este nivel no pueden tocar cuestiones cruciales como la duración de la jornada laboral, los periodos de prueba o los tipos de contratos que se aplican en el sector. Además, hay que tener en cuenta que los convenios de empresa siguen teniendo prioridad respecto a los sectoriales, salvo en cuestiones como el salario, siempre que el del sector sea mejor.

La prioridad autonómica: un cambio técnico que genera dudas y augura conflictos laborales

Los efectos del cambio empezarán a verse más bien a medio y largo plazo, cuando sindicatos y empresarios empiecen a preguntarse a qué acuerdo remitirse cuando se solapen convenios de distinto nivel. Y definirlo no se antoja tarea fácil. La legislación laboral española tiene una jerarquía endiablada a la hora de decidir qué convenio hay que aplicar, que ahora se complica más.

La norma apenas tendrá efectos a corto plazo en el día a día de los asalariados, coinciden los expertos consultados por este periódico. Antes del cambio, ya coexistían convenios sectoriales, autonómicos y provinciales en algunas comunidades.

Un sistema enrevesado que remite a aquel la parte contratante de la primera parte, del célebre sketch de los hermanos Marx. Más visitas a los juzgados. Para más inri, a este complicado orden jerárquico, se añade otra dificultad: ¿Cómo se decide que un convenio es más favorable para el trabajador que otro?

Hay dos opciones: se puede comparar artículo a artículo cada convenio y aplicar solo los más favorables o se puede hacer una interpretación completa de cada texto. Esta cuestión tendrá que resolverse en los tribunales, pero los juristas consultados por este periódico se inclinan por la segunda opción, mucho más subjetiva.

Pronostico mucha más litigiosidad, conflictividad y más inseguridad jurídica, señala Fernando Luján, vicesecretario general política sindical en UGT, a este diario. Para Luján, la norma es deficiente desde el punto de vista técnico algo que achaca a que no se ha consultado con sindicatos y empresarios, lo que ha generado un importante malestar en sus filas.

La postura del sindicato no es contraria a la existencia de convenios autonómicos o provinciales, aclara Luján, pero la norma es deficiente.

¿Hacia una negociación autonómica?

Las consecuencias se irán viendo a medida que los convenios autonómicos y provinciales proliferen tras haber quedado blindados frente a los nacionales. Los incentivos para que la negociación colectiva se mueva en el terreno autonómico aumentan, lo que beneficia especialmente a las comunidades en las que los sindicatos regionales son mayoritarios, como es el caso de País Vasco o Galicia.

Hay comunidades autónomas que tienen posibilidad de negociar convenios mejores y otras que no pueden negociar convenios porque no tienen sujetos legitimados o no lo tienen tan fácil, señala Ana de la Puebla, catedrática en la UAM.

Esto podría provocar que se ensanche la brecha autonómica que existe en las condiciones laborales de los trabajadores, que serían mejores en las comunidades en las que los sindicatos regionales sean más poderosos.

La prioridad que se acaba de dar a los convenios regionales tiene potencial para poner el foco de la negociación colectiva en la comunidad autónoma o la provincia. Podría darse —ya veremos si se cumple— que las patronales empresariales valoren abandonar paulatinamente la negociación de convenios de ámbito nacional y se centren en los convenios autonómicos, concluye José Manuel Mateo, de Garrigues.