En un movimiento que genera gran expectación en el ámbito político y jurídico, el Ejecutivo Central ha decidido recurrir a la Sala Constitucional en contra de la Ley de Concordia de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta decisión supone un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno central y la comunidad autónoma aragonesa, que lleva varios meses en conflicto. La Ley de Concordia, aprobada por el parlamento aragonés, busca establecer un marco de diálogo y cooperación entre las instituciones aragonesas y el Ejecutivo central. Sin embargo, el Gobierno nacional considera que esta ley invade competencias estatales y atenta contra la unidad del Estado. Ahora, la Sala Constitucional deberá resolver este conflicto y determinar la constitucionalidad de la ley cuestionada.
Gobierno central recurre a la Sala Constitucional contra ley de concordia en Aragón
El Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón, conformado por el Partido Popular y Vox. Esta decisión se toma después de que no se haya alcanzado ningún acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el central.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció esta medida durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa. Según Torres, el Gobierno central había establecido un plazo de tres meses para tratar de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo autonómico, pero no se ha producido.
Diálogo fallido
Torres lamentó que el Ejecutivo autonómico rechazó sentarse a la mesa a negociar, lo que calificó de inusual. Intentamos abrir un diálogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo, pero no ha habido voluntad política por parte del Ejecutivo autonómico, destacó.
El ministro reprochó a Aragón que su ley retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas. Estas decisiones son inaceptables y atentan contra la memoria democrática, agregó.
Aval del Consejo de Estado
La decisión del Gobierno central cuenta con el aval del Consejo de Estado, que ha emitido un informe desfavorable sobre la ley de concordia de Aragón. No podemos permitir que se desvirtúe la memoria democrática y se ignoren los derechos de las víctimas de la dictadura, subrayó Torres.
Con este recurso, el Gobierno central busca frenar la aplicación de la ley de concordia en Aragón y defender la memoria democrática y los derechos de las víctimas de la dictadura. La Sala Constitucional deberá ahora analizar la legalidad de la norma autonómica y tomar una decisión al respecto.
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