En un nuevo episodio de la polémica en torno a la ley de memoria histórica, el Ejecutivo español ha decidido presentar un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional para anular la derogación de esta norma por parte de la comunidad autónoma de Aragón. Esta decisión supone un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno central y la comunidad autónoma aragonesa, que había decidido derogar la ley en cuestión en su territorio. La ley de memoria histórica, aprobada en 2007, tiene como objetivo reconocer y reparar las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. El recurso interpuesto por el Ejecutivo español buscará proteger la unidad del Estado y defender la competencia estatal en materia de patrimonio histórico.
El Ejecutivo español interpone recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar derogación de ley de memoria histórica en Aragón
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón, compuesto por PP y Vox, con el que no ha alcanzado ningún acuerdo.
El Ejecutivo considera que Aragón ha incumplido su deber de colaboración con el Estado en la aplicación de la normativa nacional de memoria al derogar la anterior normativa, que data de 2018.
Recurrimos a la Constitución para impedir que nadie reescriba la historia, anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La decisión llega después de tres meses de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la citada norma, período que había establecido para tratar de llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el central, algo que finalmente no se ha producido.
Según Torres, desde el Gobierno de Pedro Sánchez intentaron abrir un diálogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo, pero lamentó que el Ejecutivo autonómico rechazó sentarse a la mesa a negociar, lo que ha calificado de inusual.
La convocatoria de una comisión bilateral es un paso necesario para que el Gobierno pueda interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, según la LOTC.
Torres ha explicado que el Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y reprocha a Aragón que su ley retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.
El Gobierno de España ha querido hablar, sentarse y negociar, ha sido el Gobierno de Aragón el que ha dicho que no, ha puntualizado Torres.
También ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, preguntándose por qué sus presidentes autonómicos retiran las leyes de concordia y la condena al franquismo de las mismas si realmente él condena la dictadura franquista.
Si creen en la condena nos preguntamos por qué invisibiliza al bando democrático, ha lanzado.
Por todo ello, por defender la memoria y para impedir que nadie reescriba la historia, recurrimos a la Constitución que muchos dicen defender y luego olvidan aplicar, ha fijado.
El ministro de Memoria Democrática también avanzó que el Gobierno recurrirá las proposiciones de ley de Castilla y León y la Comunidad Valenciana una vez se conviertan en leyes.
Ha detallado que los trámites parlamentarios están paralizados en este momento, lo que quiere pensar que se debe a que están reconsiderando el texto y no por el período electoral, ha señalado.
Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial (de diálogo) y luego también iríamos al Tribunal Constitucional, ha avanzado el ministro.
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