El Gobierno ha propuesto la posibilidad de hacer permanente el impuesto a la banca, medida que ha generado polémica y debate en el sector financiero. Esta iniciativa busca fortalecer las finanzas públicas y garantizar una mayor contribución por parte de las entidades bancarias. La propuesta plantea mantener de forma indefinida este impuesto, que fue implementado de manera temporal en el pasado. Los defensores de la medida argumentan que es necesaria para asegurar la sostenibilidad fiscal del país, mientras que los críticos señalan posibles efectos negativos en la competitividad del sector. Esta propuesta ha despertado un intenso interés en la opinión pública y se espera un intenso debate en torno a su aprobación.
Gobierno busca hacer permanente impuesto a banca con incentivos ecológicos
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha confirmado que se está trabajando en la manera para hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, aunque incluyendo fórmulas de incentivos a la reinversión en transición ecológica, a pesar de que no habrá Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
En Los Desayunos Informativos de Europa Press, Ribera señaló que habrá que ver la posibilidad de introducir esa modificación al gravamen en alguna Ley que esté en tramitación en estos momentos.
En un principio, estaba previsto que esa reformulación del impuesto extraordinario se recogiera en los PGE para 2024, ya que el gravamen tenía carácter temporal para dos años -2023 y 2024-. A este respecto, la ministra indicó que será necesario encontrar un lugar para su tramitación, ya que de no ser así decaerá la medida a finales de este ejercicio. Los ministerios de Hacienda, de Industria y nosotros estamos viendo cómo encajar este incentivo a la inversión, dijo.
Así, Ribera destacó que la propuesta política es hacer evolucionar este gravamen hacia un sistema que permita incentivar la inversión. Es decir, si se produce esa inversión, pues no tiene sentido mantener esa prestación patrimonial, dijo, añadiendo que el encaje se lo deja a la vicepresidenta primera (María Jesús Montero, ministra de Hacienda), que es la que lidera este dosier.
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