En una decisión trascendental, el Gobierno ha anunciado su intención de llevar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las leyes de memoria propuestas por los partidos Partido Popular (PP) y Vox. Este acontecimiento, que se perfila como un hito en la política española, plantea un escenario inédito en el cual la memoria histórica y su tratamiento legal adquieren relevancia internacional. Las posturas encontradas entre ambas fuerzas políticas, marcadas por su visión divergente sobre el pasado reciente de España, prometen generar un debate intenso no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. La presentación de estas leyes ante la ONU abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la memoria colectiva y sus implicaciones en el presente y futuro del país.
El Gobierno español llevará leyes de memoria del PP y Vox ante organismos internacionales
El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su decisión de llevar a instancias internacionales la controversia generada por la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón y las leyes de concordia presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León por gobiernos autonómicos del Partido Popular (PP) y Vox.
El Ejecutivo pretende llevar este asunto ante organismos como las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, con el objetivo de evaluar la conformidad de estas normas con los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos y las mejores prácticas internacionales.
Para ello, el Gobierno recurrirá al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación, así como al relator de Ejecuciones Extrajudiciales. También promoverá el debate sobre estas leyes en el Parlamento europeo a través del grupo parlamentario socialista y contactará con el Consejo de Europa para alertar sobre posibles violaciones de disposiciones del convenio de derechos humanos.
Además, se impulsará un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la derogación de la ley de memoria en Aragón y las leyes de concordia presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León. El Gobierno solicitará un informe sobre la situación de la memoria democrática en España a la secretaría general del Consejo de Europa y al comisario de Derechos Humanos.
España promoverá debate en la ONU sobre leyes de memoria controvertidas
Aragón se convirtió en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de PP, Vox y PAR. Posteriormente, en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León, PP y Vox presentaron proposiciones de ley de concordia para sustituir las leyes autonómicas de memoria vigentes en esos territorios.
Estas nuevas normativas buscan eliminar los términos guerracivilistas y modificar la forma en que se aborda el periodo comprendido entre la Guerra Civil y la Constitución de 1978. El PP y Vox proponen no referirse a este periodo como dictadura, sino como franquismo hasta la llegada de la democracia.
Ante estas medidas, el Gobierno español ha decidido llevar el debate sobre estas leyes al ámbito internacional, buscando garantizar el respeto a los derechos humanos y a los compromisos adquiridos por España en esta materia.
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