El Gobierno restaura la autoridad de defensa del cliente financiero para centralizar las reclamaciones bancarias.

El Gobierno ha tomado una decisión trascendental al recuperar la autoridad de defensa del cliente financiero, con el objetivo de unificar las reclamaciones a la banca. Esta medida representa un paso significativo en la protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros, reforzando la transparencia y la seguridad en las relaciones entre entidades bancarias y clientes.

La recuperación de esta autoridad permitirá centralizar y agilizar los procesos de reclamación, brindando a los usuarios una vía más eficaz para resolver posibles conflictos con las entidades financieras. Asimismo, se espera que esta acción contribuya a fortalecer la confianza en el sistema bancario y a garantizar el respeto de los derechos de los consumidores en el ámbito financiero.

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Gobierno aprueba proyecto de ley para unificar reclamaciones bancarias en nuevo organismo

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley de autoridad de defensa del cliente financiero, una iniciativa que busca unificar en un solo organismo todo el sistema de reclamaciones bancarias. Esta norma, que ya había sido aprobada en 2022 pero que decayó tras la convocatoria electoral, vuelve ahora al Congreso para su tramitación. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el objetivo es agilizar el proceso de resolución de conflictos entre entidades financieras y clientes.

Nueva autoridad de defensa del cliente financiero garantizará resoluciones vinculantes para clientes

La nueva autoridad de defensa del cliente financiero, contemplada en el proyecto de ley, contará con independencia funcional para resolver conflictos extrajudiciales entre entidades financieras y clientes. Las resoluciones emitidas por esta autoridad serán vinculantes en casos de reclamaciones por un monto menor a 20.000 euros, obligando a los bancos a acatar sus decisiones. El servicio será gratuito para los clientes y financiado por las entidades a través de una tasa, incentivando así un trato más justo hacia los consumidores.

Esta autoridad tendrá un plazo máximo de 90 días para atender las reclamaciones y podrá resolver quejas por incumplimientos de normas de conducta y buenas prácticas por parte de las entidades financieras. Entre las cuestiones que podrán ser reclamadas se encuentran el cobro de comisiones indebidas, la devolución de pagos no autorizados, o el incumplimiento de cláusulas contractuales abusivas.

Además, la autoridad brindará una atención personalizada a los clientes, especialmente a aquellos en situaciones de vulnerabilidad, para garantizar que sus reclamaciones sean tratadas de manera equitativa. Esta medida busca fortalecer la protección de los consumidores en el ámbito financiero y fomentar una mayor transparencia y responsabilidad por parte de las entidades.

Natalia Vega

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