El Gobierno y la Comunidad de Madrid se han comprometido a abrir un periodo de seis meses para discutir las discrepancias que existen en torno a la reforma de la ley trans autonómica. Esta decisión marca un hito en el diálogo y la negociación entre ambas partes, poniendo de manifiesto la importancia de encontrar soluciones consensuadas ante un tema de gran relevancia social. Durante este periodo, se espera que se lleven a cabo reuniones y mesas de trabajo con el fin de analizar en profundidad cada uno de los puntos controvertidos y buscar un acuerdo que satisfaga a ambas partes.
Gobierno y Comunidad de Madrid pactan plazo para resolver controversias sobre ley trans
Una reciente manifestación en Madrid en apoyo a la Ley LGTBI y Trans generó tensiones entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, lo que ha llevado a establecer un plazo de seis meses para solventar las discrepancias surgidas a raíz de la reforma legislativa en diciembre de 2023.
El Gobierno ha advertido a la Comunidad de Madrid que, de no llegar a un acuerdo sobre la ley trans autonómica, presentará un recurso de inconstitucionalidad. Se solicita iniciar un proceso de negociación para abordar los cambios que, según el Ejecutivo, patologizan la transexualidad y establecen el tutelaje médico. Por su parte, el Gobierno madrileño niega que su normativa vulnere los derechos LGTBI, pero se compromete a participar en las reuniones para debatir las diferencias.
El Gobierno central cuestiona la reforma aprobada por la Comunidad de Madrid que exige un examen médico para menores trans antes de acceder a tratamientos hormonales, considerando que patologiza la transexualidad en menores y vulnera el principio de igualdad. Además, discrepan en aspectos como el uso del lenguaje y la legitimación de asociaciones LGTBI en procesos penales.
La Comunidad de Madrid, representada por la consejera Ana Dávila, defiende la reforma argumentando que se ha realizado con el respaldo de profesionales médicos y científicos, sin vulnerar los derechos de las personas LGTBI. Se destaca la importancia del acompañamiento a menores trans en su proceso de transición y la necesidad de garantizar un enfoque profesional en la atención a estos colectivos.
El Gobierno y la Comunidad de Madrid iniciarán negociaciones en la Comisión Bilateral para encontrar un consenso que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional, en aras de salvaguardar los derechos y la dignidad de las personas LGTBI en la región.
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