En una decisión trascendental, el Pleno ha solicitado al Gobierno de España que reconozca oficialmente a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado como profesiones de riesgo. Esta petición destaca la importancia de garantizar la protección y seguridad de aquellos que dedican su vida a velar por la integridad de la sociedad. La labor desempeñada por estos servidores públicos conlleva un alto grado de peligrosidad y exigencia, por lo que es fundamental que se les brinde el reconocimiento y respaldo adecuado. Esta iniciativa busca no solo honrar el sacrificio y compromiso de quienes ejercen estas funciones, sino también garantizar su bienestar y tranquilidad en el cumplimiento de sus deberes.
El Pleno Municipal insta al Gobierno a reconocer a policías como profesionales de riesgo
En el Pleno ordinario del mes de abril, presidido por la alcaldesa, María José García-Pelayo, se aprobó por unanimidad una proposición, presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular. En ella se insta al Gobierno de España a realizar las modificaciones legales pertinentes para que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, gocen de la consideración de Profesión de Riesgo.
La alcaldesa expresó su apoyo a la propuesta para equiparar retribuciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Agradeció la presencia de los representantes de los sindicatos y organizaciones de la Policía Nacional y Guardia Civil, reconociendo el trabajo diario que realizan. Destacó la importancia de no solo dar palmaditas en la espalda, sino de actuar para mejorar su situación.
El teniente de alcaldesa de Seguridad, Ignacio Martínez, resaltó la valiosa contribución de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en el mantenimiento de la democracia y el estado de derecho. Hizo hincapié en la necesidad de considerar su labor como una profesión de riesgo, dada la constante exposición a situaciones peligrosas.
Propuesta unánime para otorgar a fuerzas de seguridad la consideración de Profesión de Riesgo
La proposición aprobada defiende que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, garantes de la seguridad, la libertad, la democracia y la ley, cuenten con los medios necesarios para realizar su trabajo de forma segura. Se destaca la importancia de equiparar sus retribuciones con otros cuerpos policiales que realizan funciones similares.
Se mencionaron casos recientes que evidencian la peligrosidad de la labor policial, como los asesinatos de guardias civiles en Barbate y los accidentes en los que han perdido la vida miembros de la Guardia Civil. Se subrayó la necesidad de reconocer y valorar el sacrificio y la competencia de estos cuerpos en la historia democrática de España.
Se hace referencia a la jubilación de Policía Nacional y Guardia Civil, señalando que actualmente pueden solicitarla con treinta años de servicio y sesenta años de edad, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo. En contraste, los policías locales y autonómicos, que sí tienen reconocida la profesión de riesgo, pueden jubilarse a los cincuenta y nueve años sin perder poder adquisitivo.
En cuanto a la equiparación salarial, se destaca que se firmó un acuerdo en el 2018 para un proceso gradual en tres ejercicios, con un importe de 807 millones de euros. Sin embargo, se lamenta que el Gobierno actual haya despreciado el informe inicial de la auditoría y haya encargado uno nuevo que no contempla el incremento necesario para la equiparación real y total de las fuerzas de seguridad.
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