En un giro inesperado, el Partido Popular (PP) ha decidido oponerse a la amnistía, lo que supone un revés importante para el proceso de aprobación de esta medida. Según fuentes cercanas al partido, la decisión de devolver la amnistía al Congreso se debe a la falta de consenso entre los grupos parlamentarios. De esta manera, el proyecto de ley será reenviado al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, lo que se espera que suceda este martes en el Senado. Esta decisión ha generado un clima de incertidumbre en el ámbito político, ya que se desconoce cómo afectará a la estabilidad del gobierno.
El PP se opone a la amnistía y la devuelve al Congreso
La Ley de Amnistía dará este martes su último paso en el Senado, cuando el PP hará valer su mayoría absoluta en la Cámara para aprobar el veto enmienda a la totalidad a esta norma, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas. Sin embargo, esto supone que la ley tendrá que volver al Congreso para que el Gobierno y sus socios parlamentarios levanten este veto y se apruebe definitivamente.
El veto definitivo del PP a esta norma será votado en el Pleno del 14 de mayo. Anteriormente, la ponencia de la comisión que está tramitando la ley de amnistía en el Senado aprobó el pasado lunes su dictamen en base al informe de los letrados, que denuncian la inconstitucionalidad de la norma y los derechos que entran en conflicto con la arquitectura jurídica de la Unión Europea.
El camino de la amnistía por el Senado
La proposición de ley de amnistía, que pactó el PSOE con las formaciones independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, llegó al Senado el pasado 15 de marzo con el trámite de urgencia tras ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, la reforma del Reglamento del Senado impulsada por el PP dio potestad a la Mesa de la Cámara Alta para eliminar la vía de urgencia de esta norma, de modo que la amnistía ha pasado por el Senado como un texto ordinario.
Informes contrarios a la Ley Desde la entrada de la amnistía en el Senado, la Mesa del Senado, con mayoría 'popular', ha solicitado varios informes para opinar sobre esta norma a distintos órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Comisión de Venecia o los propios letrados de la Cámara.
Choque con el Congreso
En este contexto, el Senado aprobó este choque institucional inédito con el Congreso impulsado por el PP en el que se solicitaba formalmente que la Cámara presidida por la socialista Francina Armengol retirara la proposición de ley de amnistía al entender que era una reforma encubierta de la Constitución.
Este choque institucional fue remitido al Congreso de los Diputados, que respondió al Senado que no iba a retirar la proposición de ley de amnistía. De esta manera, el PP tiene ahora la potestad de elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional, aunque todo parece indicar que acudirá a este órgano cuando la ley de amnistía se apruebe definitivamente.
La Comisión de Venecia
Por su parte, el informe de la Comisión de Venecia no ve conflicto de separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que benefician a los amparados por la ley. Sin embargo, considera que la norma se debería haber aprobado por una mayoría cualificada, más amplia a la absoluta, y critica el procedimiento de urgencia que ha seguido la ley en el Congreso.
Asimismo, el Senado encargó a la Comisión General de las Comunidades Autónomas un informe sobre el contenido autonómico de la ley de amnistía, que propició un debate de este foro con varios presidentes autonómicos del PP y el presidente catalán, Pere Aragonès, sobre esta norma.
En cuanto al informe del CGPJ, este órgano aún no se ha pronunciado, mientras que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado en dos ocasiones realizar informes sobre esta norma.
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