El Tribunal Constitucional anula las reformas a la Ley de Transición de Madrid

El Tribunal Constitucional anula las reformas a la Ley de Transición de Madrid

En un fallo histórico, el Tribunal Constitucional ha decidido anular las polémicas reformas a la Ley de Transición de la Comunidad de Madrid, impulsadas por el anterior gobierno regional. Esta sentencia supone un golpe importante para los planes de la anterior administración, que pretendía reformar la normativa para limitar el poder de los ayuntamientos y ampliar el control del ejecutivo regional sobre los municipios. El alto tribunal ha considerado que dichas reformas vulneraban la autonomía municipal y el principio de subsidiariedad, establecidos en la Constitución española. La resolución del Tribunal Constitucional abre un nuevo escenario político en la región, donde los partidos políticos y los ayuntamientos deberán reajustar sus estrategias.

El Tribunal Constitucional anula reformas a la Ley de Transición de Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra varios artículos de dos reformas de ley impulsadas por la Comunidad de Madrid relativas a la identidad de género y a la protección contra la 'LGTBIfobia'. Como consecuencia, la corte de garantías ha acordado suspender de forma cautelar la vigencia y aplicación de esos preceptos impugnados de las citadas normas.

Reformas impugnadas

Los recursos del Gobierno iban en concreto contra varios apartados del artículo único de la Ley de la Comunidad de Madrid 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación en la Comunidad de Madrid; y contra el apartado catorce del artículo único de la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la 'LGTBIfobia' y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.

Motivos del recurso

En el primer recurso, el Gobierno alega la posible vulneración de hasta cuatro artículos de la Constitución y ataca los apartados 11, 12, 15, 17 y 22 bis del artículo único de la Ley 17/2023. Además, considera que podría haber infracciones competenciales.

Esos apartados, según redacción de la propia ley, hacen referencia a la atención sanitaria de personas transexuales y, por ejemplo, el 11 incluía que el derecho de la persona transexual a recibir, llegado el caso, acompañamiento y tratamiento en la decisión de desistir o revertir el proceso de cambio de sexo. El 12 indicaba que, en caso de que quien fuera a recibir tratamiento médico relativo a su transexualidad fuera menor de edad, se fijaba un requisito necesario, que era el de haber recibido apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil en todo el proceso.

El apartado 15 y el 17 hacían referencia a medidas en los centros educativos para la atención de personas transexuales y al apoyo y protección en situaciones de especial vulnerabilidad. Mientras que el 22 bis se refería a la posibilidad de ejercer acciones en procedimientos administrativos de, por ejemplo, colectivos o asociaciones de personas trans.

Segunda ley recurrida

Sobre la segunda ley recurrida por el Gobierno, el Ejecutivo sostiene en su recurso de inconstitucionalidad que el apartado 14 ter del artículo único de la Ley 18/2023 podría ser contrario a las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y sobre procedimiento administrativo común.

Reacciones

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que las reformas de las leyes trans y LGTBI regionales aprobadas en la Asamblea de Madrid se han hecho desde el respeto a la Constitución.

Siempre primando el interés de los menores, para que en las decisiones irreversibles que tomen cuenten con la asistencia de profesionales, ha subrayado a través de su perfil de la red social 'X' la dirigente madrileña.

La suspensión supondrá que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.