La Autoridad Nacional de Investigación, Seguimiento y Acción Contra la Corrupción (Anticorrupción) solicita la imputación de dos altos funcionarios de

En un nuevo escándalo que sacude la confianza en las instituciones, la Autoridad Nacional de Investigación, Seguimiento y Acción Contra la Corrupción (Anticorrupción) ha decidido tomar medidas drásticas en relación con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. En este sentido, la entidad ha solicitado la imputación de dos altos funcionarios de la empresa Óscar Puente, uno de los nombres más importantes en el sector. Se sospecha que estos funcionarios habrían incurrido en irregularidades en la gestión de dichos contratos, lo que ha llevado a la Anticorrupción a tomar medidas para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables.

La Fiscalía Anticorrupción solicita la imputación de dos altos funcionarios por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que cite como investigados al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, al director general de gestión de personas de ADIF, Michaux Miranda, y al que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares.

Cabe destacar que, a pesar de su petición, el hecho de que la Fiscalía Europea haya anunciado que asumirá el caso impide, según la ley, que el juez Ismael Moreno acuerde estas nuevas diligencias. Según el artículo 27.5 del Reglamento de la Fiscalía Europea, cuando la Fiscalía Europea ejerza su derecho de avocación, las autoridades competentes de los Estados miembros transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación.

La investigación se centra en contratos públicos durante la pandemia

Después de esa petición, el juez de la Audiencia Nacional espera el informe de Anticorrupción sobre si debe o no remitir la causa antes de tomar una decisión. Si el magistrado no está de acuerdo con que la competencia del 'caso Koldo' sea asumida por la Fiscalía Europea, puede plantear una cuestión de competencia --una vez transferida la causa-- que resolvería el Tribunal Supremo.

En su escrito, Anticorrupción solicita la declaración asegurando que del informe recientemente aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desprende que podrían haber ejercido ciertas presiones sobre las personas responsables de los entes que tenían que hacer la adjudicación de los contratos de suministro de mascarillas.

Todo ello, apunta el fiscal, sin permitir o dar pie a que pudieran examinarse otras ofertas o presupuestos, dando por hecho y sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación, que el adjudicatario final iba a ser Soluciones de Gestión, la principal empresa investigada en la causa.

Presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos

En principio, sin perjuicio de ulteriores consideraciones, tal conducta podría ser encajable dentro de los contornos del delito de tráfico de influencias. Por lo tanto, a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra ellos situaciones materiales de indefensión, se considera procedente que se ha de proceder a su toma declaración en calidad de investigados, añade Anticorrupción.

Además, la Fiscalía también pide al juez Ismael Moreno la declaración como testigos de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera; Francisco Toledo Lobo, presidente de Puertos del Estado entre marzo de 2020 y diciembre de 2021; Aránzazu de Miguel Peña, jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado; y María Belén Caballero Martínez, jefa de departamento de contratación adscrita a la Secretaría General de Puertos del Estado.

Igualmente, pide llamar como testigos al director de Recursos Humanos del ente, Martín José Navarro Vicent; al jefe del área de RRHH, soporte y alta velocidad de ADIF, Jesús Ángel Díaz; al secretario del Consejo de Administración de ADIF, Guillermo Martínez de Simón; al actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes Javier Sánchez Fuentefría, y al subdirector general de planificación y gestión de infraestructuras y medios para la seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, Daniel Belmar Prieto.

Investigación en curso

En el citado informe de la UCO, y que la Fiscalía evoca en su escrito, los agentes hacen referencia a Sánchez Fuentefría, y a José Manuel Gómez, que continúa como subsecretario de Transportes y Movilidad Sostenible.

La Guardia Civil destaca el papel clave de Sánchez Fuentefría en que la contratación de Soluciones de Gestión --la empresa que la presunta trama utilizaría para conseguir los contratos que ahora se investigan-- fuese transmitida a sus entes dependientes de Puertos del Estado y ADIF.

Respecto a los contratos con ADIF, señalan que Miranda asumió un papel relevante para que los trámites legales fueran cumplimentados por la entidad y la contratación pudiera llevarse a término.

La declaración del subsecretario de transportes

Asimismo, el Instituto Armado destaca la vinculación directa del subsecretario de Transportes José Manuel Gómez, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Sostiene que la Subsecretaría del Ministerio, en manos de Gómez, asumió un rol clave en que la decisión de adjudicar a Soluciones de Gestión fuera transmitida a los entes que ejecutaron la contratación.

Según indican los investigadores, en el marco del procedimiento se han encontrado correos electrónicos en los que parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores.

Los agentes hacen hincapié en que Gómez declaró a los investigadores no haber participado en la adjudicación de los contratos a Soluciones de Gestión por parte de Puertos del Estado y ADIF, una afirmación que la UCO considera que está alejada de la realidad después de analizar los correos electrónicos.

Contratos con Puertos del Estado

Sobre la contratación de Soluciones de Gestión por Puertos del Estado, la Benemérita sostiene que dicha gestión fue liderada por Álvaro Sánchez Manzanares, quien en ese momento era el secretario general de la entidad y fue cesado por el ministro Óscar Puente el pasado marzo.

Los agentes aprecian una vinculación directa entre Koldo García y Sánchez Manzanares por el tono informal y cercano percibido en una intervención telefónica del pasado noviembre. Y recalcan que el exasesor ministerial ejercía de interlocutor entre el secretario general de Puertos y Ábalos.

Así las cosas, la UCO incide en que la vinculación directa entre Koldo, Ábalos y Álvaro resulta de interés para esta instrucción porque Álvaro fue la persona encargada de articular la adjudicación de un contrato de ocho millones de euros a Soluciones de Gestión, siguiendo instrucciones de órganos y personas dependiente del Ministerio de Transportes.

Al hilo, los investigadores hacen referencia a las comunicaciones y correos intervenidos y apuntan que los responsables de hecho de Soluciones de Gestión tenían conocimiento de que iban a resultar adjudicadores de un contrato, al menos, tres días antes que el propio organismo adjudicador.

A raíz de las pesquisas practicadas, aseguran que Sánchez Manzanares sería conocedor del papel protagonista de Víctor de Aldama, presunto conseguidor, en las pretendidas adjudicaciones públicas.

Cabe recordar que en este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

El juez investiga a Koldo García y otras seis personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.