La causa sobre el espionaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través del polémico software Pegasus ha sido reabierta tras nuevas revelaciones que apuntan a un posible seguimiento ilegal. Este hecho, que ha generado un gran revuelo en la opinión pública, pone de manifiesto la importancia de proteger la privacidad y la seguridad de las autoridades y ciudadanos frente a posibles ataques informáticos. La reapertura de este caso pone en el foco de atención la necesidad de investigar a fondo las prácticas de espionaje y de establecer mecanismos efectivos para prevenir este tipo de acciones que vulneran los derechos fundamentales.
Juez reabre causa sobre espionaje a Sánchez con Pegasus tras nueva información
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la reapertura de la causa en la que investigaba la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Luis Planas (Agricultura), tras recabar nueva información de las autoridades francesas.
Investigación se reabre por infección de Pegasus en dispositivos de autoridades españolas
En el auto de reapertura, firmado este martes 23 de abril y recogido por Europa Press, el magistrado acuerda la reapertura tras haber recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros de gobierno francés, ministros y diputados, con ese mismo software.
En la documentación aportada por Francia, las autoridades de ese país explican que se han dirigido a la mercantil Grupo NSO, sociedad de capital riesgo cuyo domicilio social se encuentra en Israel, y que ha desarrollado y comercializado el software Pegasus, en principio de venta exclusiva a organizaciones estatales con el fin de vigilar a personas sospechosas de terrorismo u otros delitos graves.
Del mismo modo, las autoridades francesas exponen que sus investigaciones pretenden averiguar quién se encuentra detrás de estas infestaciones masivas y que su investigación les ha llevado a solicitar auxilio judicial a Estados Unidos e Israel, toda vez que la empresa NSO negó ser responsable de la infección de los teléfonos y afirmó que cualquier información adicional debía solicitarse a través de las herramientas de cooperación judicial.
En el documento enviado por Francia se recogen los indicadores de compromiso (IOCs), que son una serie de datos que pueden indicar que un sistema ha sido comprometido por un atacante. Estos indicadores se utilizan en la detección y respuesta a incidentes de seguridad informática.
Como principal diligencia, el juez de la Audiencia Nacional acuerda la práctica de un informe pericial que elaborará el Centro Criptológico Nacional con objeto de comparar los elementos técnicos recogidos en las investigaciones francesa y española y que lleve a determinar la autoría de los ataques informáticos.
El magistrado explica que cuando obtenga el resultado de este nuevo examen pericial se podrá llevar a cabo un intercambio más amplio de información con las autoridades francesas y así conocer el contenido de la información que la mercantil NSO Group les facilitó sobre el proceso del control interno del software Pegasus y un detalle más completo sobre las investigaciones técnicas llevadas a cabo por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información.
Todo ello permitirá una actuación conjunta y coordinada de las autoridades judiciales francesas y españolas en orden a determinar la autoría de la infestación llevada a cabo a través del programa espía Pegasus tanto en Francia como en España, concluye el juez.
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