En un giro inesperado en el caso Koldo, la Fiscalía Europea ha emitido un comunicado en el que exige asumir la investigación sobre los hechos que rodean la muerte del joven vasco. Según fuentes cercanas a la investigación, la Fiscalía Europea considera que la investigación actual no ha avanzado lo suficiente y que es necesario un enfoque más exhaustivo y independiente para esclarecer los hechos. La decisión de la Fiscalía Europea ha generado un gran revuelo en el entorno político y social, y se espera que este paso marque un punto de inflexión en la búsqueda de justicia y verdad en este caso.
La Fiscalía Europea exige asumir investigación sobre caso Koldo García
La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado que reclama asumir la investigación sobre la adquisición de mascarillas en España durante la pandemia de covid, que salpica directamente al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, así como a varias ministerios y a los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares.
El caso se refiere a un posible fraude relacionado con la adjudicación de contratos adjudicados por los servicios de Salud de Baleares y Canarias a una misma empresa para la adquisición de material sanitario, incluyendo mascarillas, durante la pandemia.
Un paso más en el caso Koldo
La EPPO asegura que se da este paso teniendo en cuenta el elevado interés público que suscita el asunto. No se comunicarán más detalles en este momento. En la medida en que podamos compartir más información sobre esta investigación, lo haremos de forma proactiva, aclaran.
El objetivo es, además, unificar todas las investigaciones. La Fiscalía europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo, resumen.
La Fiscalía europea, independiente y responsable
Desde la EPPO recalcan que son una institución independiente en la Unión Europea que es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE, así como de otras infracciones penales indisociablemente vinculadas.
Este caso se implica directamente bajo ese paraguas porque afectaría al uso de los fondos de recuperación aprobados a nivel de la UE en el año 2020, justo en lo más duro de la crisis sanitaria.
Un caso que puede sentar precedente
Una vez que la Fiscalía europea asuma el caso, siempre que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acepte la petición, este dejará de estar en manos de la Fiscalía General del Estado. Como el caso ya está en proceso judicial, será un tribunal quien deberá determinar qué entidad es la competente para continuar con la investigación.
Este caso puede sentar precedente en la lucha contra la corrupción y el fraude en la UE. La OLAF (oficina europea para la lucha contra el fraude) investiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y las faltas graves en las instituciones europeas y elabora la política de lucha contra el fraude para la Comisión Europea.
El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que la lucha contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE es una tarea común de la Unión y de los Estados miembros.
La investigación puede llevar meses
Las investigaciones de la OLAF se pueden alargar durante meses, aclaran las fuentes consultadas, y esos avances se tendrán que dar en colaboración con las autoridades españolas, aunque quien recibirá las conclusiones que se saquen será también la Comisión Europea.
El Ejecutivo comunitario es la 'pata' que en último término tomará decisiones sobre España.
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