En una sorpresiva noticia que ha sacudido el panorama político de la Comunidad de Madrid, la pareja de la Presidenta Isabel Díaz Ayuso ha presentado una demanda contra la fiscal jefe de Madrid, Mercedes García Pérez. Esta inusual acción legal ha generado un gran revuelo en los círculos gubernamentales y judiciales, ya que la pareja de Ayuso acusa a García Pérez de supuesta parcialidad en el ejercicio de sus funciones. La demanda, que ha sido interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, promete desencadenar un intenso debate sobre la independencia judicial y la transparencia en el sistema de justicia. El desenlace de este controversial caso sin duda será seguido de cerca por la opinión pública y los actores políticos involucrados.
Pareja de Ayuso demanda a fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos
Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por supuesta revelación de secretos. La querella se dirige también contra el fiscal de delitos económicos Julián Salto en relación a la nota informativa difundida por un canal oficial en el que la Fiscalía de Madrid informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de Alberto G. A. y el fiscal relativos a la investigación contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal. La Sala ya ha incoado unas diligencias y ahora se dará traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la admisión de la querella.
Querella contra fiscal jefe de Madrid por presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso
Por su parte, la pareja de la presidenta madrileña está llamada a declarar el próximo 20 de mayo como investigada por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil. La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer. La jueza razonaba en el auto de apertura de diligencias que el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal una cuota de 155.000 euros por el Impuesto de Sociedades de 2020 y una cuota de 195.951 euros por el Impuesto de Sociedades de 2021, delitos penados en el Código Penal.
Deja una respuesta