En un nuevo desarrollo en el caso Koldo, la Policía ha registrado la Consejería de Sanidad canaria en búsqueda de pistas que ayuden a esclarecer la gestión de mascarillas durante la pandemia. La investigación se centra en la posible malversación de fondos destinados a la adquisición de mascarillas para proteger a la población canaria de la COVID-19. La operación policial busca recolectar documentos y pruebas que permitan determinar si hubo irregularidades en la compra y distribución de mascarillas. La comunidad canaria espera con interés los resultados de esta investigación, que puede llevar a la identificación de responsables y a la restauración de la confianza en las instituciones.
Policía Nacional registra la Consejería de Sanidad en busca de pistas sobre gestión de mascarillas en el caso Koldo
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid llevaron a cabo un registro en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a las 8.25 horas de este jueves. El objetivo de la operación es recopilar información sobre la gestión de mascarillas relacionada con el caso Koldo.
Las autoridades están investigando presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia. En este caso, se investiga la compra de un millón de mascarillas que no llegaron a ser entregadas y que finalmente fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz, tras detectarse que estaban falsificadas.
Investigados destacados
Entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, quien estuvo ante la Fiscalía Europea esta semana, aunque se acogió a su derecho a no declarar. También se encuentra involucrado el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García.
Otros investigados incluyen a Rayco González, administrador de la empresa RR7, quien enfrenta cargos de estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, quien enfrenta cargos de prevaricación.
Antecedentes
Conrado Domínguez presentó su dimisión como director del SCS en noviembre de 2022, tras dos años en el cargo durante el gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
La investigación se inició tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que acusa a los investigados de varios delitos, incluyendo tráfico de influencias, prevaricación administrativa, estafa agravada y blanqueo de capitales.
El registro en la Consejería de Sanidad es parte de la investigación en curso para esclarecer los hechos relacionados con la gestión de mascarillas durante la pandemia.
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