Las Comunidades Autónomas tienen un plazo de un mes para resolver el futuro de las ayudas al autoconsumo de energía renovable por un importe de casi 1

Las Comunidades Autónomas tienen un plazo de un mes para resolver el futuro de las ayudas al autoconsumo de energía renovable por un importe de casi 1.000 millones de euros.

Las Comunidades Autónomas se enfrentan a un desafío crucial en materia de energía renovable. En las próximas semanas, deberán tomar una decisión que afectará directamente al futuro de las ayudas al autoconsumo de energía renovable, que ascienden a un importe total de casi 1.000 millones de euros. El plazo para resolver este asunto es breve, ya que las administraciones regionales disponen de tan solo un mes para definir el camino a seguir en este sentido. La decisión que tomen tendrá un impacto significativo en la transición energética y en el desarrollo sostenible de las regiones. ¿Cuál será el rumbo que tomarán las Comunidades Autónomas?

Las CCAA tienen un plazo de un mes para resolver el futuro de las ayudas al autoconsumo de energía renovable por millones de euros

El plan de ayudas para instalar autoconsumo, renovables térmicas en el sector residencial y almacenamiento detrás del contador llegó a su fin a finales del año pasado, pero las comunidades autónomas ganaron un plazo extra para resolver los expedientes ante la complejidad del trámite -que han denunciado tanto administración como usuarios-. En concreto, los gobiernos regionales gozan hasta el 31 de julio del marco jurídico necesario para poder seguir gestionando las peticiones de ayudas que están pendientes.

La coordinación y seguimiento del programa de autoconsumo corresponde al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, pero son las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla las responsables de la gestión. También eran ellas las que lanzaron sus propias convocatorias con sus especificidades. Es decir, que son las CCAA las responsables de gestionar los expedientes y realizar los pagos a los consumidores.

Según los datos publicados por el IDAE, consultados por La Información, se han resuelto concesiones por importe de 1.045 millones de euros al cierre de este artículo a última hora del jueves, frente a los 1.997 millones que les han sido asignados, lo que supone que todavía faltan por repartir 952 millones de euros. También quedan 42 millones de euros de presupuesto adicional pendiente de asignación a las autonomías.

El plan de ayudas se lanzó a finales de junio de 2021 y ha sido, junto al de ayudas a la compra de coches eléctricos, uno de los más populares y que al mismo tiempo más quejas ha generado. Además, justo antes de cerrarse el plazo de presentación de solicitudes creó bastante revuelo tras que determinadas comunidades autónomas se negaran a solicitar la ampliación de fondos ante el desbordamiento y la dificultad de la gestión de las ayudas, aunque acabaron dando marcha atrás.

La burocracia vuelve a ser un lastre. El plazo adicional para intentar desatascar el tapón burocrático se introdujo en el Real Decreto 1178/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifica la normativa reguladora y se adaptan al marco europeo de ayudas de Estado determinados programas de ayudas de rehabilitación energética y energías renovables del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plan comenzó en junio de 2021 con una dotación de 660 millones de euros y terminó con una dotación superior a los 2.000 millones. El Gobierno lo puso en marcha justo cuando se empezó a fraguarse la crisis energética al calor del alza de los precios del gas natural y los derechos de emisión de CO2, y que meses más tarde se agravó por la invasión de Rusia a Ucrania. Las cotizaciones disparadas de la electricidad en el mercado mayorista dispararon el interés por el autoconsumo y el programa ha recibido solicitudes por valor de 3.363 millones de euros, es decir, un 65% más del presupuesto asignado.

Los contribuyentes podrán amortizar libremente inversiones en instalaciones energéticas también durante este año. En concreto, deben estar destinadas al autoconsumo eléctrico y también pueden ser de uso térmico para el consumo propio, siempre y cuando utilicen fuentes renovables y sustituyan a otras que funcionen con combustibles fósiles. Se permite la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para las inversiones en instalaciones de autoconsumo de energía renovable o de sustitución de energía fósil con un límite de 500.000 euros por inversión.

De este modo, las empresas que apuesten por instalar placas solares fotovoltaicas para generar su propia electricidad podrán beneficiarse de un incentivo fiscal con el que determinar de manera libre el ritmo de depreciación de sus activos fijos.