La noticia reciente sobre el aumento del 65% en las multas por no pasar la ITV en España en la última década ha generado gran preocupación y debate en la sociedad. Este incremento significativo refleja la importancia de cumplir con la Inspección Técnica de Vehículos de manera regular, no solo por cuestiones de seguridad vial, sino también por las consecuencias legales que conlleva su incumplimiento.
Las autoridades competentes han destacado la necesidad de concienciar a los conductores sobre la importancia de mantener sus vehículos en condiciones óptimas y al día con la ITV, a fin de evitar sanciones económicas y garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías. Este aumento en las multas representa un llamado de atención a la responsabilidad y compromiso que cada conductor debe asumir con su vehículo y con la sociedad en general.
Aumento del 65% en multas por no pasar la ITV en España
La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para todos los conductores en España, y no tenerla al día puede acarrear multas significativas que van desde los 200 a los 500 euros si no se pasa adecuadamente. Las cifras de sanciones vinculadas a la ITV han experimentado un notable aumento de nada menos que del 65% en los últimos diez años (hasta 2023). Este incremento en las multas, no solo representa una preocupación para los conductores, sino que también se vuelve a traducir en un peligro potencial en las carreteras.
Preocupación en aumento: 3 de cada 10 coches circulan sin ITV
Actualmente, 3 de cada 10 coches circulan sin la revisión obligatoria. Para muchos conductores, preparar el vehículo para la ITV implica costos adicionales que no pueden o no quieren asumir. Entre los fallos más comunes que pueden resultar en una negativa en la ITV se encuentran problemas en el motor, exceso de emisiones, fallos en el alumbrado y señalización, problemas en ejes y neumáticos, así como fallas en los frenos y pastillas.
Resulta sorprendente y alarmante cómo el 30% de todo el parque móvil puede circular sin ITV, pero evidencia una vez más la pérdida de poder adquisitivo en España en los últimos años, con cada vez más gente en situación límite para cubrir su coste de vida, y donde el vehículo parece ser la última de las preocupaciones, a pesar de ser, en muchos casos, el único medio de transporte posible para trabajar, desplazarse hasta el puesto de trabajo o incluso poder entrar en un puesto, ya que muchos piden vehículo propio.
Esto solo es un dato más que demuestra la necesidad de cambios a la hora de prohibir y exigir a una población sin poder de elección, que cambien de vehículo por uno menos contaminante. Se han de buscar soluciones para acercar vehículos más nuevos (y con ello más respetuosos con el medio ambiente) a todo el mundo, y de este modo sacar de la circulación vehículos viejos y con problemas. Pero para que todo el mundo pueda mantener su derecho a la libertad de movimiento, no se puede exigir el coche eléctrico como salvación inmediata porque, al menos en España, estamos aún lejos de que esta sea la solución de movilidad que impere. Y como recordatorio, de las ventas de vehículos de ocasión del pasado año, el mayor porcentaje del pastel sigue llevándoselo, en pleno 2023, el diésel.
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