Sumar, Podemos y otros socios del PSOE trabajan en un proyecto de ley para prohibir el embargo de armas a Israel y presionar a Sánchez

Sumar, Podemos y otros socios del PSOE trabajan en un proyecto de ley para prohibir el embargo de armas a Israel y presionar a Sánchez

En un movimiento que busca fortalecer la posición crítica de España hacia la política israelí en el conflicto palestino-israelí, Sumar, Podemos y otros socios del PSOE han iniciado la elaboración de un proyecto de ley que busca prohibir el embargo de armas a Israel. Esta iniciativa tiene como objetivo presionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que adopte una postura más firme en relación con la situación en Oriente Medio. El proyecto de ley, que aún se encuentra en fase de desarrollo, tiene el respaldo de various grupos parlamentarios y organizaciones sociales, que ven en esta medida una oportunidad para que España tenga un papel más activo en la promoción de la paz y la defensa de los derechos humanos en la región.

Sumar y Podemos unen fuerzas para prohibir el embargo de armas a Israel y presionar a Sánchez

El choque entre Israel y el Gobierno español se intensifica a raíz de las denuncias expresadas por ministros de Podemos a la ofensiva del Estado hebreo en Gaza. En este contexto, los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez unen sus fuerzas para que los socialistas accedan al embargo de armas a Israel.

Sumar, Podemos, BNG, ERC y Bildu preparan una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para pedir una modificación legal que introduzca la figura del embargo y su régimen jurídico en la norma para el control del comercio exterior de material de defensa.

La proposición de ley, impulsada junto a más de 500 organizaciones y sindicatos de la campaña 'Fin del comercio de armas con Israel', sitúa al embargo de armas como una medida esencial dentro de las herramientas diplomáticas y coercitivas de los Estados, dirigida a preservar la paz y la seguridad global, proteger los derechos humanos y prevenir el comercio ilícito de armas.

El texto determina que el objetivo del embargo es prevenir la escalada de conflictos armados, proteger a los pueblos que están siendo víctimas de vulneraciones de derechos humanos y garantizar la seguridad y la paz internacional.

La proposición de ley adiciona a la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso la definición de embargo como una cancelación automática, inmediata e indefinida en el tiempo de todas las transferencias o tránsitos entre España y el Estado destinatario del mismo.

Además, incluye la revocación de todas las autorizaciones ya concedidas y que estén vigentes en el momento de la declaración del embargo, así como la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones.

Según aseguró Pedro Sánchez en una comparecencia en el Congreso en el pasado mes de abril, el Ejecutivo no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel desde los ataques de Hamas a Israel del 7 de octubre, aunque tampoco ha suspendido las ya existentes, algo a lo que estaría obligado con la modificación que pretenden sus socios.

La norma obliga a embargar las armas de los Estados que hayan sido demandados ante un Tribunal Internacional por la comisión de un crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los Convenios de Ginebra, ataques contra personas o bienes civiles u otros crímenes de guerra.

Aunque no se menciona explícitamente a Israel, este punto posibilitaría aplicar el embargo al Estado judío ya que España presentó ante la Corte Internacional de Justicia una declaración de intervención en el procedimiento iniciado por Sudáfrica por genocidio en la Franja de Gaza.

La aplicación del embargo tendrá que dictarse en el plazo de 15 días naturales desde el conocimiento de la demanda ante el tribunal competente, detallando todas las operaciones comerciales revocadas, además de la prohibición expresa de conceder nuevas autorizaciones hasta que concluya el embargo, que solo se podrá dejar sin efecto si el procedimiento judicial resuelve que no se han producido o se van a dejar de producir los crímenes que motivaron la demanda.

El texto también detalla los productos que se podrán embargar, entre ellos, material de defensa y tecnología de doble uso, tecnologías específicas del régimen de control de tecnología de misiles, armas de fuego y municiones para uso civil o material policial y antidisturbios, entre otros.

También se prohíbe la importación de este material cuando haya sido fabricado o exportado por empresas o entidades de un Estado afectado por el embargo. Así como determinadas operaciones comerciales, financieras o económicas relativas a actividades militares.

Asimismo, incide en la labor de inspección de las autoridades españolas -incluidos los puertos marítimos y aeropuertos- de todos los cargamentos que estén destinados o procedan de un Estado con material embargado. En el caso de descubrir algún cargamento prohibido, se procederá a su embargo y eliminación.

En su exposición de motivos, la proposición defiende que los embargos de comercio de armas son herramientas legitimadas por el Derecho Internacional y también permiten a los Estados cumplir con sus obligaciones de contribuir a reducir la violencia que ejercen los Estados embargados, evitando que sigan cometiendo crímenes contra la humanidad.

Las organizaciones que han participado en la redacción del texto presentarán este jueves a las puertas del Congreso la reforma de la ley. Los portavoces de esta campaña señalan que llevan meses pidiendo al Gobierno que decrete el embargo formal de la compra y venta de armas con Israel como medida imprescindible para parar el genocidio en Palestina. Consideramos que la aprobación de esta ley le obligará a hacer lo que hasta ahora no ha hecho por falta de voluntad política, afirman desde la organización.