El debate del Pleno de abril de la Diputación se centra en la Ciudad de la Justicia de Cádiz.
En la sesión plenaria de abril, la atención se ha enfocado en la Ciudad de la Justicia de Cádiz, tema que ha acaparado las discusiones y reflexiones de los diputados. La propuesta de construir este complejo judicial ha generado opiniones encontradas y ha suscitado un intenso intercambio de argumentos. La ubicación, los costes y la viabilidad del proyecto han sido puntos clave en la deliberación, despertando el interés y la preocupación de los representantes políticos y de la ciudadanía en general. Este debate demuestra la importancia y la relevancia que tiene para la provincia de Cádiz la creación de un espacio judicial moderno y funcional, capaz de atender las necesidades de la administración de justicia en la región.
Debate en el Pleno de la Diputación de Cádiz por la Ciudad de la Justicia
El Pleno Ordinario del mes de abril en la Diputación de Cádiz tuvo como principal punto de debate la futura Ciudad de la Justicia de la capital, tras las recientes declaraciones del consejero José Antonio Nieto, en las que dijo que la licitación se llevará a cabo este mismo año, y la propuesta del PP para que la Diputación desista de las acciones judiciales emprendidas durante el mandato del socialista Juan Carlos Ruiz Boix contra la Junta de Andalucía por la ocupación del edificio de la Audiencia Provincial situado en la Cuesta de las Calesas.
El portavoz popular, Juancho Ortiz, se ha referido a una cláusula presente en el contrato suscrito en su día entre la Diputación y la Junta en la que se pactaba que mientras no estuviesen en funcionamiento las nuevas dependencias que la administración regional tenía en mente construir, el acuerdo se prorrogaría. Ortiz ha asegurado que bajo ese supuesto, el acuerdo especifica que estaba exento el pago de renta alguna, por lo que entiende que no hay coherencia legal a la hora de demandar a la Junta.
Ortiz ha apelado a la «cooperación interadministrativa», afirmando que desde el gobierno andaluz no hay intención de prolongar este contencioso y sí la intención de avanzar en un proyecto como el de la Ciudad de la Justicia que está siendo más lento de lo que los ciudadanos desearían.
El diputado Óscar Torres, portavoz también del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, ha dicho que desde su partido hubiesen deseado que el gobierno de la Diputación hubiese tenido «más prudencia a la hora de desistir de estas acciones judiciales teniendo en cuenta que ni siquiera hay una fecha comprometido de manera escrita ni oficial de la concesión de la obra pública», en referencia a la Ciudad de la Justicia.
El anuncio llevado a cabo por el consejero de Justicia José Antonio Nieto la semana pasada, que fechaba en 2027 la finalización de las obras de una infraestructura esencial para toda la provincia, no son suficientes para el PSOE por su carácter «verbal». «Hay que recordar que en septiembre de 2022, este consejero anunció la licitación y que las obras empezarían en 2023. 2023 pasó y hasta en dos ocasiones el mismo consejero afirmó que las obras empezarían a lo largo de este año 2024», receló Óscar Torres.
El vicepresidente primero provincial replicó a Torres y le dijo que precisamente prudencia es lo que le faltó al anterior gobierno de la Diputación a la hora de interponer la demanda contra la Junta por falta de diálogo.
Polémica en la Diputación de Cádiz sobre la futura Ciudad de la Justicia
El que fuera candidato a la alcaldía de Cádiz en las pasadas elecciones cree que el desistimiento está basado en el hecho de que tanto la Diputación como la Junta están gobernadas por el mismo partido, el PP.
Torres ha insistido en exponer sus dudas sobre el plazo dado por Nieto, afirmando que cree muy difícil que un proyecto de ese calado pueda ser una realidad en tres años. Y ha lamentado que los compromisos adquiridos en otras provincias como Granada, «donde la Consejería paga a pulmón 20 millones para la construcción del nuevo Palacio de la Justicia» o Sevilla, por el pago de más de 70 millones de euros por los terrenos de Palmas Altas, no sean replicados en Cádiz.
«No lo criticamos porque lo que está haciendo ahí es cumplir con sus competencias», ha afirmado. «Sin embargo, cuando llegaba a Cádiz habla de colaboración público-privada. Lo que no habla en Granada ni en Granada».
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