El Parlamento británico ha dado luz verde al plan propuesto por el Gobierno para enviar a solicitantes de asilo a Ruanda, generando un intenso debate y controversia. Esta medida ha despertado críticas y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, ya que implica trasladar a personas en busca de protección a un país que no es su lugar de origen. El argumento principal del Gobierno es que esta estrategia busca desalentar la llegada de más solicitantes de asilo a Reino Unido, al mismo tiempo que se busca una solución más efectiva y sostenible para la gestión de la crisis migratoria. Sin embargo, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a esta medida, alegando posibles vulneraciones a los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y cuestionando la seguridad y el bienestar de estas personas en Ruanda.
Parlamento británico aprueba plan de enviar solicitantes de asilo a Ruanda
El Parlamento del Reino Unido ha aprobado este martes de madrugada el plan del Gobierno para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda tras reconocer al país africano como un destino seguro después de meses de debates y críticas por parte de la oposición. Tras la introducción de una serie de enmiendas, la Cámara de los Lores ha votado finalmente a favor del plan, que pasará a ser ley después de que Carlos III otorgue el consentimiento real, según ha publicado la cadena de televisión británica BBC.
Unas horas antes, el primer ministro británico, Rishi Sunak, había aseverado que los vuelos de deportaciones comenzarían en menos de tres meses pase lo que pase. Meses de negociación para una solidaridad obligatoria: el Gobierno presenta a Canarias su plan final de reparto de menores migrantes.
Reino Unido y Ruanda firmaron en diciembre de 2023 un tratado con el que Sunak aspiraba a resolver las dudas que llevaron a que el Tribunal Supremo británico anulase el plan previo de deportaciones, una de las grandes promesas tories para combatir el repunte migratorio y disuadir DE las llegadas a través del Canal de la Mancha.
Por su parte, la ONU ha expresado en varias ocasiones su preocupación por el alcance de la medida y este mismo lunes un grupo de relatores de la organización cuestionó el papel de las aerolíneas y de las administraciones de aviación civil, advirtiendo de que podrían ser consideradas cómplices de violar el Derecho Internacional si facilitan de alguna manera las deportaciones.
Sin embargo, Sunak se ha mostrado confiado sobre la legalidad del nuevo plan, incidiendo en que respeta las obligaciones internacionales del Reino Unido, pero ha deslizado de nuevo la posibilidad de desligarse del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si adopta algún tipo de decisión al respecto.
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