El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha propuesto en el Congreso de los Diputados un cambio legal que permitiría ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de okupación. Esta iniciativa busca agilizar el proceso de desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente, con el objetivo de combatir la problemática de la okupación en España. Según el PNV, la modificación de la normativa actual es necesaria para proteger los derechos de los propietarios y garantizar un marco legal que permita una actuación rápida y eficaz ante este tipo de situaciones. La propuesta ha generado controversia y debate en el ámbito político y social, ya que plantea cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica, la protección de los derechos de los ciudadanos y la gestión de conflictos en el ámbito de la vivienda.
PNV propone desahucios exprés en 48 horas en casos de okupación
El PNV ha propuesto en el Congreso acometer un cambio legal rápido que permitiría a la Justicia ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en casos de ocupación de viviendas ajenas. Para que prospere, necesita que el PP o el PSOE se sumen a la iniciativa, puesto que partidos como ERC o Sumar suelen votar en contra de este tipo de medidas.
Polémica en el Congreso por propuesta de desalojos rápidos de okupas
La propuesta se ha registrado como enmienda al proyecto de ley derivado del decreto ley de medidas urgentes en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, que fue convalidado por el Congreso a finales de enero y que después se tramitó como proyecto para abrir la puerta a introducir cambios.
PNV busca cambiar ley para desahuciar okupas en solo 48 horas
La enmienda del PNV busca modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para introducir un nuevo artículo que permita que, en los casos de delito de ocupación de una vivienda (artículo 245 Código Penal), el juez o tribunal adopte motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar por la persona física propietaria o poseedora legítima por otro título, sin necesidad de prestar caución.
Los nacionalistas justifican su reforma en que la realidad social evidencia que la ocupación de viviendas ocasiona un evidente perjuicio a sus titulares, además de perjudicar el entorno por causar problemas de convivencia, riesgos de incendios y una paulatina degradación del entorno urbano o devaluación de los inmuebles próximos.
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