El día de hoy, el panorama político nacional se ve sacudido por la noticia de que El Partido Popular ha rechazado por segunda vez la senda de déficit propuesta por el Gobierno, lo que ha generado un escenario de incertidumbre en torno a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ve obligada a activar su plan B para lograr sacar adelante las cuentas públicas, en medio de un ambiente de tensiones y negociaciones en el Congreso. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de alcanzar acuerdos en un contexto político marcado por la polarización y las discrepancias entre los diferentes partidos. Es crucial seguir de cerca los próximos acontecimientos para conocer el desenlace de esta delicada situación.
PP bloquea senda de déficit: Montero activa plan B Presupuestos
La mayoría popular en el Senado ha tumbado por segunda vez la senda de déficit del Gobierno, un trámite imprescindible para que el Gobierno pueda sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de cara a 2024. El rechazo definitivo de los objetivos de déficit propuestos por Hacienda abre un escenario de incertidumbre en el que el Ejecutivo será el que dé el primer paso.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno llevará un proyecto de cuentas públicas al Consejo de Ministros con los límites de déficit y deuda que se remitieron a Bruselas en abril de este año. Estos objetivos son más restrictivos que los que el PP ha rechazado este miércoles en la Cámara Alta y, por tanto, restringirían teóricamente la capacidad de gasto de las comunidades y los ayuntamientos para este año.
La validez de aplicar esos objetivos de estabilidad, que se remitieron a Bruselas cuando las reglas fiscales estaban aún suspendidas, ha sido puesta en cuestión por el PP y algunos expertos. La ley de estabilidad presupuestaria señala que la senda de déficit y deuda debe votarse en el Congreso y el Senado, pero no establece qué ocurre si la iniciativa no supera el trámite parlamentario en la segunda vuelta.
Incertidumbre tras rechazo del PP a objetivos de déficit del Gobierno
A partir de ese punto, que se ha confirmado este miércoles tras el veto definitivo del PP, entran en juego las interpretaciones. El Gobierno sostiene que aplicar la senda de déficit remitida a Bruselas en abril es legal y avala su punto de vista con un informe de la Abogacía del Estado. El documento señala que el Gobierno está obligado a presentar los Presupuestos Generales y a cumplir con el déficit máximo fijado por la UE se hayan aprobado o no objetivos de estabilidad.
Además, el informe agrega que, una vez el Consejo de la UE da su aprobación a la senda de déficit, las administraciones públicas cumplirán con el mandato contenido en el artículo 135.2 de la constitución cuando adecúen su actividad al contenido del referido programa de estabilidad. Es decir, que la forma de adecuarse a las exigencias de Bruselas para las comunidades y los ayuntamientos será cumplir con los umbrales de déficit que establece el Programa de Estabilidad de abril.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda sostiene que la decisión del PP de bloquear la senda de déficit que pretendía el Gobierno privará a estas administraciones de 5.000 millones de gasto que ahora desaparecerán.
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