En un anuncio que ha generado gran expectación y preocupación en el país, el presidente Daniel Noboa ha declarado un nuevo estado de emergencia en Ecuador. Según lo anunciado, esta medida tiene como objetivo intensificar la lucha contra el crimen organizado, que ha generado una gran inquietud en la sociedad ecuatoriana. El jefe de Estado ha descrito esta iniciativa como la Segunda Fase de Guerra contra el Crimen Organizado, lo que sugiere que se trata de una medida más drástica y contundente para abordar este problema. Con esta declaración, el gobierno busca reforzar la seguridad ciudadana y restablecer la confianza en las instituciones.
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Noboa declara 'Segunda Fase de Guerra' contra el crimen en Ecuador, afectando 7 provincias y un municipio
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este miércoles que ha iniciado la segunda fase de la guerra que le declaró a inicios de año a las bandas del crimen organizado, con la emisión de un nuevo estado de excepción que abarca 7 de las 24 provincias del país, así como un municipio de una octava provincia.
A través de un decreto, Noboa ha declarado el estado de excepción por 60 días en las provincias costeras de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos, así como en las amazónicas Sucumbíos y Orellana, además de en el cantón (municipio) de Camilo Ponce Enríquez, en la sureña provincia andina de Azuay, donde recientemente fue asesinado su alcalde.
Este estado de excepción sustituye a uno anterior que había sido aplicado el 30 de abril en cinco provincias (Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro y Los Ríos) y que el 10 de mayo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, al considerar que la medida no estaba debidamente fundamentada.
Con esta medida, el gobierno de Noboa busca intensificar la lucha contra el crimen organizado en el país, luego de que la primera fase de la guerra no lograra frenar la violencia y la inseguridad en varias regiones del país.
La declaratoria de estado de excepción permitirá al gobierno tomar medidas más drásticas para combatir el crimen, como la restricción de libertades y la intervención militar en las zonas afectadas.
La medida ha generado expectativa en la sociedad ecuatoriana, que espera un cambio en la situación de inseguridad que ha afectado a gran parte del país.
El gobierno de Noboa ha asegurado que esta medida es necesaria para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, y que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad en las zonas afectadas.
La oposición política y los derechos humanos han manifestado su preocupación por la medida, argumentando que podría afectar las libertades fundamentales de los ciudadanos y aumentar la represión policial.
El futuro de esta medida y su impacto en la lucha contra el crimen en Ecuador sigue siendo un tema de debate y seguimiento en el país.
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