La Junta de Andalucía aprueba un ambicioso plan de renovación de sedes judiciales en cuatro fases hasta 2030

La Junta de Andalucía ha dado un paso decisivo hacia la modernización de la justicia en la región, al aprobar un ambicioso plan de renovación de las sedes judiciales en todo el territorio andaluz. Este proyecto, que se desarrollará en cuatro fases hasta 2030, tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios judiciales, garantizando una justicia más cercana y eficaz para los ciudadanos. Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía busca impulsar la modernización tecnológica y la mejora de la infraestructura de los juzgados, lo que permitirá una mayor agilidad en los procesos y una mejor atención a los usuarios.

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La Junta de Andalucía impulsa un plan de infraestructuras judiciales para modernizar las sedes de la comunidad

La Junta de Andalucía ha diseñado un ambicioso plan de infraestructuras judiciales para modernizar todas las sedes de la comunidad y construir otras nuevas, con una inversión de 1.500 millones de euros hasta 2030. Este plan se ejecutará en cuatro fases gracias a la colaboración público-privada, la autofinanciación y otros fondos obtenidos mediante la venta de patrimonio.

Un plan integral y holístico

Un plan integral y holístico

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha detallado el calendario de este plan, que incluye 60 actuaciones en los 85 partidos judiciales con el fin de generar un ecosistema que cree un entorno adecuado para quienes trabajan en el sistema. El plan no solo se centrará en la construcción de edificios, sino que también integrará servicios digitales, sostenibilidad y eficiencia energética.

Fases del plan

La primera fase abarca hasta finales de este año y supone el desarrollo de los estudios preliminares y la reordenación y conclusión de los proyectos impulsados previamente. En la segunda fase, entre 2025 y 2026, se impulsarán proyectos ya definidos o que por la situación de las sedes requieren más urgencia. La fase tres, en 2027 y 2028, servirá para definir proyectos menos desarrollados o con más problemas de tramitación o financiación. Y, por último, en 2029 y 2030 se pondrá el foco en las actuaciones que precisan más esfuerzo o más plazo de tramitación, además de cerrar la ejecución de los proyectos iniciados en las fases anteriores.

Financiamiento

El consejero andaluz de Justicia ha desglosado parte del presupuesto con el que va a contar este plan, que incluye una Estrategia de Recursos Humanos, un Plan de Humanización, una Estrategia de Digitalización y un Plan de Sostenibilidad. De los 1.500 millones, se prevé que más de 700 procedan de la colaboración público-privada mediante la concesión de obra pública y también entre administraciones. Otros 170 millones procederán de la autofinanciación y, por primera vez, se van a utilizar fondos europeos para sedes judiciales, en concreto, 45 millones de euros; y 185 más llegarán a través de la gestión patrimonial de edificios en propiedad que, tras dejar de tener uso judicial, la Consejería va a poner a la venta.

Ciudades judiciales

El plan servirá para completar la red de Ciudades de la Justicia en todas las capitales de provincia (con la construcción de las de Granada, Huelva y Jaén y completar la de Sevilla), además de Algeciras y Jerez de la Frontera (Cádiz) y Marbella (Málaga); complejos judiciales en una red de ciudades medias como Roquetas de Mar (Almería), Dos Hermanas (Sevilla) o Torremolinos (Málaga); y sedes nuevas en partidos judiciales como Lucena (Córdoba), Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Estepona, Torrox o Fuengirola (Málaga), La Línea de la Concepción o El Puerto de Santa María (Cádiz).

Ha habido un abandono absoluto de la Justicia durante décadas y hay una necesidad evidente desde hace muchos años, ha afirmado Nieto, que ha reconocido que se trata de un plan integral y holístico que, según ha garantizado, vamos a hacer en el menor tiempo posible con la colaboración de todos los operadores jurídicos, entidades locales, la empresa privada y la Consejería de Hacienda.

Rubén Flores

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