En respuesta a las duras críticas recibidas por parte de los sindicatos y investigadores, el Ejecutivo se ha visto obligado a replantear su modelo para establecer un valor económico a las prácticas no remuneradas. Esta medida supone un cambio significativo en la política gubernamental, que busca reconocer el valor económico de las tareas no remuneradas, como el trabajo doméstico y el cuidado de personas dependientes. La decisión del Ejecutivo es un reconocimiento a la importancia de estas prácticas, que hasta ahora no habían sido debidamente valoradas. El replanteamiento del modelo busca establecer un valor económico justo y equitativo para estas prácticas, lo que puede tener un impacto significativo en la economía y la sociedad en general.
Gobierno abre a replanteamiento del modelo para valorar prácticas no remuneradas
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido replantearse la polémica orden ministerial que permite a investigadores y becarios que realizaron prácticas no remuneradas en el pasado cotizar esos periodos en la Seguridad Social.
La orden, publicada en abril, establecía un pago de 288 euros por cada mes cotizado que se quiera regularizar, lo que ha generado críticas y descontento entre los investigadores y sindicatos, que consideran que no se ha negociado con ellos.
Reunión con sindicatos para valorar aportaciones
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha anunciado que se reunirá con los colectivos afectados en los próximos días para escuchar sus aportaciones y valorar medidas para resolver el asunto.
Vamos a escuchar y, llegado el caso, adoptaremos medidas, ha señalado Suárez.
Sindicatos critican la orden ministerial
Los sindicatos, como CCOO y UGT, han expresado su descontento con la orden ministerial, considerando que el coste de los convenios especiales es demasiado elevado y que el sistema previsto es insuficiente.
CCOO ha lamentado que el texto vulnera los acuerdos adaptados y hace materialmente imposible para muchos afectados recuperar esos periodos.
UGT ha saludado la rectificación del Gobierno y espera que se plante una nueva propuesta que debe negociarse con los interlocutores sociales.
Nueva negociación para encontrar una solución
El Gobierno y los sindicatos tienen poco más de 15 días para cerrar un texto definitivo que convenza a las dos partes. La orden ministerial entrará en vigor el próximo 1 de junio.
Los sindicatos esperan que se rebaje el coste de los convenios especiales y que se permita descontar los dos años que se pudieron aflorar en el convenio firmado en 2011.
CCOO considera que el sistema propuesto es contradictorio con el que se puso en marcha en 2011 y que facilitaría el ejercicio del derecho a recuperar los periodos de cotización a las personas más jóvenes y/o con menor renta.
El futuro de la orden ministerial y la valoración de las prácticas no remuneradas dependerá de las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos en las próximas semanas.
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