La noticia que ha sacudido al mundo financiero y político ha sido el fallo judicial que obliga al empresario y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pagar la cifra de 330 millones de dólares por su presunta implicación en un caso de fraude fiscal. Este veredicto, que ha generado gran controversia en la opinión pública, pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el cumplimiento de la ley en todos los niveles de la sociedad. La sentencia, que ha sido recibida con sorpresa por muchos, marca un hito en la historia reciente de la justicia estadounidense y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las figuras públicas en asuntos financieros. Sin duda, este hecho resonará durante mucho tiempo en los círculos políticos y financieros internacionales.
**El juez Arthur Engoron dictamina que Trump debe pagar millones por fraude fiscal en Nueva York**
El juez Arthur Engoron ha ordenado al expresidente estadounidense Donald Trump y a su empresa, la Organización Trump, a pagar casi 355 millones de dólares en el juicio por fraude fiscal del estado de Nueva York. Además, ha prohibido al magnate ocupar puestos en cualquier empresa con sede en el estado durante tres años. El juez ha determinado que la Organización Trump infló el patrimonio neto personal de Trump en 3.600 millones de dólares entre 2011 y 2021, según la Fiscalía.
Además, el juez ha decidido que Trump no podrá solicitar préstamos durante tres años en el estado y ha nombrado a un cargo independiente para supervisar los resultados financieros de la empresa durante el mismo periodo.
**Los hijos de Trump también enfrentan multas millonarias por cargos de fraude**
Donald Trump Jr. y Eric Trump, hijos de Trump, deberán pagar cuatro millones de dólares por ser responsables de una serie de cargos de fraude civil, como la emisión de estados financieros irregulares o la falsificación de registros comerciales. Ambos no podrán ocupar cargos como directores de empresas en el estado durante dos años.
Por su parte, el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, deberá abonar un millón de dólares y no podrá ser directivo de una empresa con sede en Nueva York durante tres años. Además, junto con otro extrabajador, Jeffrey McConney, estará permanentemente vetado de ocupar cargos financieros.
**Trump y su empresa apelarán la decisión**
Tras el veredicto, la abogada del magnate, Alina Habba, ha anunciado que apelarán la decisión, alegando que se trata de una manifiesta injusticia y defendiendo que es una caza de brujas que comenzó mucho antes de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, interviniera.
La acusación contra Trump y su empresa proviene de presuntas prácticas de enriquecimiento ilegal y de inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década. El caso se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen, planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.
**El juez destaca la falta de arrepentimiento de los acusados**
El juez Engoron destaca en su fallo la falta de arrepentimiento de los acusados y señala que inflaron el valor de los activos para obtener más beneficios. Aunque reconoce que no se trata de crímenes graves, como el robo a mano armada o un asesinato, resalta que los acusados se muestran incapaces de admitir errores por su conducta.
En cuanto al testimonio de Ivanka Trump, hija de Trump, el juez lo describe como elocuente pero inconsistente debido a lapsus de memoria. Engoron subraya que lo que Trump no puede recordar está documentado en correos electrónicos y documentos.
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