En un país donde la democracia y la participación ciudadana deberían ser pilares fundamentales, la realidad es otra. En México, el derecho al voto se encuentra bajo amenaza. La falta de confianza en las instituciones, la desinformación y la polarización política están erosionando la integridad del proceso electoral. Además, la violencia política y la intimidación hacia los candidatos y electores están sembrando el miedo y la incertidumbre. En este contexto, es fundamental analizar las causas y consecuencias de esta situación y buscar soluciones para garantizar que el derecho al voto sea respetado y protegido.
Votar en México, un derecho bajo amenaza
La violencia político-criminal es utilizada por el crimen organizado para influir en la vida pública de los estados y municipios mexicanos. Desde el 7 de setiembre de 2023, día en que comenzó formalmente la campaña electoral, 30 candidatos han sido asesinados por grupos criminales.
Según el informe Votar entre balas, realizado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, la violencia político-criminal es utilizada por el crimen organizado para influir en la vida pública de los estados y municipios mexicanos.
La vida de los candidatos en peligro
Los secuestros, las amenazas de muerte o la desaparición forzada provocan que muchos candidatos desistan de participar en las elecciones. La violencia endémica también atemoriza a los electores, hasta tal punto que muchos prefieren no participar.
Los candidatos municipales son las principales víctimas y los ataques obedecen a la disputa de los territorios y rutas de tránsito de la droga, el aislamiento de municipios muy lejanos de las capitales de los estados y el abandono de los gobiernos federal, estatal y de sus propios partidos.
Los partidos políticos afectados
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, encabeza la lista de asesinatos con diez candidatos. Le siguen el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México durante décadas, y el Partido de Acción Nacional, con seis y cinco respectivamente.
El Movimiento Ciudadano, la tercera fuerza política en las presidenciales de este año, ha sufrido el asesinato de tres de sus candidatos.
La violencia política en cifras
En lo que va de año se han producido más de 60 ataques, siendo el estado de Puebla el más peligroso para los candidatos con once agresiones, seguido de Morelos, Guerrero y Chiapas.
La mitad de los 32 estados que forman México muestran al menos un ataque contra un candidato electoral en 2024.
Entre 2018, año en el que se celebraron las anteriores elecciones presidenciales, y abril del 2024, se produjeron 1.833 ataques político-criminales documentados, de los que 224 corresponden al año en curso.
Desde que se tiene registros, el año 2023 con 575 casos fue el más violento para la política mexicana.
Casos de violencia política
El 11 de octubre de 2023, un mes después del inicio formal y legal del proceso electoral, se registró el primer asesinato, de Wilman Monje Morales, político de Movimiento Ciudadano que aspiraba a la candidatura de su partido para competir por la presidencia municipal de Gutiérrez Zamora, en el estado de Veracruz.
El miércoles 17 de abril en Oaxaca, la presidenta municipal de San José Independencia, del partido Morena, Agar Cancino Gómez, fue secuestrada junto con su esposo Alberto Antonio García, quien buscaba sucederle en el cargo. Dos días después, ella fue liberada con señales de tortura, mientras que el candidato apareció sin vida.
El viernes 19 de abril, Noé Ramos, del PAN, fue acuchillado en Tamaulipas en plena vía pública y a la luz de día a pesar de que iba rodeado por seis escoltas privados.
La Fiscalía General del Estado de Chiapas inició una investigación por feminicidio y homicidio. También fue asesinada en un enfrentamiento armado la candidata de ese mismo partido a la alcaldía de La Concordia, Chiapas, Lucero López Maza, mientras realizaba un evento de campaña.
Protección a los candidatos
469 candidatos reciben protección del gobierno federal en esta campaña electoral. Solo en las últimas tres semanas, más de un centenar de líderes políticos han solicitado medidas de seguridad antes las continuas amenazas recibidas.
Casi tres mil miembros del Ejército y la Guardia Nacional se encargan de la protección de los aspirantes a cargos públicos.
El ministro de Defensa Nacional informó que cada uno de los tres candidatos a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, tienen asignados un dispositivo de seguridad formado por 24 miembros del Ejército y de la Guardia nacional.
Mientras los candidatos a gobernador, senadores y diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y funcionarios del proceso electoral tienen individualmente entre 10 y 6 guardaespaldas.
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