El Defensor del Pueblo ha presentado una impugnación ante el Tribunal Constitucional contra la ley trans de Madrid, argumentando que vulnera los derechos de los menores. Esta medida judicial se basa en la preocupación por los potenciales efectos negativos que la legislación podría tener en la protección y bienestar de los menores de edad. La controversia gira en torno a la protección de los menores y la necesidad de garantizar un marco legal que respete sus derechos fundamentales. La impugnación plantea un debate crucial sobre los límites y alcances de la legislación trans en relación con la protección de la infancia y la adolescencia.
El Defensor del Pueblo impugna la ley trans de Madrid por vulnerar derechos de menores
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recurrido este lunes la ley trans de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Constitucional por considerar que un artículo patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.
Según explica la institución en un comunicado, la reforma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso el año pasado incluye requisitos patologizantes y desproporcionados para los menores que quieran acceder a terapia hormonal para el cambio de sexo, entre ellos recibir tratamiento de salud mental.
En concreto, la institución cuestiona que en un exceso de sobreprotección del menor, la ley autonómica les exija contar con apoyo de salud mental durante todo el proceso farmacológico y, en el caso de que existiera comorbilidad -dos o más enfermedades al mismo tiempo-, recibir un informe favorable del médico que les está tratando.
Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud mental, así como exigir un informe favorable del médico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada, subraya el Defensor, que estima que la reforma vulnera varios preceptos constitucionales.
El organismo comandado por Gabilondo afirma que el artículo 14 de la ley autonómica sobre atención sanitaria a menores excede su cometido, limitando los derechos de los menores, de manera que, en juicio de proporcionalidad, no supera el test de constitucionalidad. Este artículo regula el derecho de los menores al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para obtener los caracteres sexuales deseados.
Hasta su modificación el pasado diciembre, la ley estipulaba que los menores que desearan acceder a tratamiento hormonal tendrían que pasar un examen previo de pediatría y contar con la autorización de sus progenitores o de quienes tengan su tutela.
Los nuevos requisitos introducidos en la reforma, según el Defensor, van más allá del margen de configuración que la Constitución le reconoce al legislador.
La institución ha presentado este recurso ante el Constitucional después de haber recibido dos solicitudes pidiéndole que lo hiciera, una de ellas de Más Madrid.
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