En el contexto actual de necesidad habitacional, el proyecto liderado por Mazón para la edificación de 10.000 viviendas se presenta como una iniciativa de gran impacto social. Según las estimaciones, esta ambiciosa propuesta beneficiará a 24.600 individuos, proporcionándoles un hogar digno y seguro. Esta noticia no solo representa un avance significativo en el sector de la construcción, sino que también supone una esperanza para miles de familias que anhelan acceder a una vivienda propia. La magnitud de este proyecto lo posiciona como una medida clave en la lucha contra el déficit habitacional y la desigualdad en nuestra sociedad. Sin duda, la materialización de estas 10.000 viviendas tendrá un impacto transformador en la vida de 24.600 individuos, marcando un hito en la historia de la vivienda en nuestro país.
Plan de vivienda Vive Comunitat Valenciana beneficiará a individuos
El plan de la Generalitat para construir 10.000 viviendas de protección pública hasta 2027 supondrá una inversión de 7.326 millones de euros, un 2% del PIB, y beneficiará a 24.600 personas. Contemplará reformas legislativas y fiscales, colaboración público-privada y la puesta a disposición de suelo de titularidad municipal y autonómica.
Carlos Mazón presenta un ambicioso plan para construir viviendas
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado en un acto institucional en el Palau las líneas principales del Plan de Vivienda Vive Comunitat Valenciana junto a los presidentes de las tres diputaciones provinciales y la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rocío Cortés. Destacó que el programa está basado en la seguridad jurídica, la cooperación entre administraciones y la colaboración público-privada.
Inversión de millones de euros en viviendas de protección pública
La construcción de estas viviendas generará 74.000 empleos directos e indirectos que impulsarán las economías locales y dejará 487 millones de euros de recaudación de IVA, de los que el 50% quedará en las arcas autonómicas. Se aprovechará el suelo urbano o dotacional residencial de titularidad pública y se emplearán mecanismos de colaboración como concursos de derechos de superficie y concesiones administrativas.
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