La Audiencia Nacional ha confirmado la presencia de tres cárteles de manipulación de contratos en Adif, aunque ha decidido reducir las multas impuestas. Esta decisión judicial pone de manifiesto la gravedad de las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo en el sector ferroviario, evidenciando la existencia de acuerdos ilícitos que perjudican la libre competencia y afectan negativamente a los usuarios y al mercado en general. La ratificación de la existencia de estos cárteles resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en el ámbito de las contrataciones públicas, así como de imponer sanciones proporcionales y disuasorias que desincentiven este tipo de conductas. Es fundamental que se promueva la transparencia y la ética en los procesos de contratación, garantizando la igualdad de condiciones para todas las empresas que participan en licitaciones públicas.
Audiencia Nacional ratifica existencia de cárteles en Adif y reduce multas a empresas ferroviarias
La Audiencia Nacional ha ratificado la existencia de tres cárteles entre empresas del sector ferroviario que se repartieron de manera ilícita los concursos convocados por ADIF, reduciendo algunas multas y anulando las impuestas a directivos.
En tres sentencias fechadas el pasado 24 de abril, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha abordado las sanciones impuestas en marzo de 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Las empresas sancionadas, agrupadas en tres cárteles cuya existencia ha sido avalada por la Audiencia Nacional, eran Cobra (ACS), Elecnor, Siemens, Alstom, entre otras.
Entre las multas ratificadas destacan la de 16,8 millones a Siemens y la de 8,8 millones a Alstom, mientras que a otras empresas se les ha reducido o anulado la sanción debido a diferentes argumentos presentados en sus recursos.
La CNMC impuso multas a 14 directivos por su implicación en las prácticas irregulares, las cuales han sido anuladas por la Audiencia Nacional al considerar que no se han concretado de forma individualizada la cuantía de las multas y por falta de pruebas en algunos casos.
Los jueces han confirmado que las empresas competidoras implicadas mantenían un plan común de actuación que vulneraba la competencia en el mercado ferroviario, basándose en pruebas como correos electrónicos, reuniones entre las empresas y testimonios de colaboradores.
Estos acuerdos entre empresas tenían como objetivo eliminar la incertidumbre y restringir la competencia, perjudicando a ADIF en la adjudicación de licitaciones y contratos para la construcción y mantenimiento de sistemas ferroviarios.
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