La reciente noticia sobre la venta de un recién nacido por 130 euros a manos de una organización criminal dedicada al tráfico de bebés, tras chantajear a madres solteras, ha conmocionado a la opinión pública. Este despreciable acto pone de manifiesto la vileza y crueldad de aquellos que lucran con la vulnerabilidad de los más inocentes. La explotación de seres humanos, especialmente de bebés indefensos, es una afrenta a la dignidad y los derechos fundamentales de la persona. Es imperativo que las autoridades competentes actúen con celeridad y contundencia para desarticular este tipo de redes criminales y brindar protección a las víctimas involucradas en este siniestro negocio.
Red de tráfico de bebés en Marruecos vendió recién nacido por 130 euros
Una red de tráfico de bebés formada por 34 personas que llegó a vender a un recién nacido por 1.500 dirhams (130 euros) está siendo juzgada en un tribunal de la ciudad de Fez, Marruecos. Entre los acusados se encuentran médicos y enfermeros de varios hospitales de la ciudad. La mayoría de los procesados han negado las acusaciones y la próxima audiencia se celebrará el 23 de abril.
Según el informe policial, la red está encabezada por una mujer de 63 años conocida con el apodo de Bentoto. La acusada, casada y madre de siete hijos, se hacía pasar por trabajadora de un hospital. Bentoto actuaba presuntamente con la ayuda de miembros de su familia, médicos, enfermeros, guardias de seguridad y personal administrativo de hospitales.
La organización se dedicaba a la venta de bebés, a realizar abortos ilegales, a robar equipos médicos, a emitir certificados falsos y a adelantar citas sanitarias. La red actuaba con la complicidad de guardias de seguridad de tres hospitales públicos en Fez: el Hospital Universitario Hassan II, el Hospital Ibn Jatib y el Hospital Ghassani. Estos guardias chantajeaban a embarazadas solteras para convencerlas de vender a sus bebés aprovechando que en Marruecos ser madre no casada es un delito al estar penadas las relaciones extramatrimoniales.
La presunta cabecilla reconoció ante la Policía que contactó con guardias de seguridad de los hospitales para que le consiguieran madres solteras que quisieran vender a sus hijos, y también para que le ayudaran a falsificar las partidas de nacimiento. Además, los procesados vendieron medicamentos prohibidos para abortar, facilitaron citas y operaciones quirúrgicas a pacientes a cambio de dinero y falsificaron certificados médicos de baja o exenciones deportivas para estudiantes, entre otros delitos.
La Policía atribuye a los acusados delitos como banda criminal especializada en el tráfico de personas, complicidad, robo y venta de medicamentos y equipos médicos públicos, usurpación de la profesión de médico, aborto clandestino y complicidad, explotación de servicios públicos (hospitales), chantaje, falsificación de citas médicas y la emisión de certificados médicos falsificados y corrupción.
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